La Fiscalía de Guatemala formaliza la acusación contra Pérez Molina por corrupción

Guatemala, 9 dic (EFE).- La Fiscalía de Guatemala presentó hoy la acusación formal contra el expresidente Otto Pérez Molina, en prisión preventiva acusado de liderar la red de corrupción aduanera conocida como "La Línea".

"El Ministerio Público concluyó la investigación en contra del señor Otto Pérez Molina, presentando como acto conclusivo el escrito de acusación por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo", proclamó el fiscal contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, en la Torre de Tribunales.

Pérez Molina, que renunció a la Presidencia el pasado 3 de septiembre, está en prisión preventiva en una cárcel que funciona en la Brigada Mariscal Zavala, en la periferia norte de la capital guatemalteca.

El expediente presentado este miércoles incluye alrededor de "220 medios de convicción que sintetizan el universo" de la investigación realizada por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

"Se cuenta con los elementos racionales suficientes (...) para que los hechos (...) puedan ser probados en un debate oral y público", manifestó Sandoval, quien enumeró que las pruebas derivan de los allanamientos realizados, de más de 500.000 documentos requisados, así como de correos y escuchas telefónicas.

Con base en los documentos que fueron entregados, el juez Miguel Ángel Gálvez, encargado del proceso, deberá resolver si el expresidente es enviado o no a un juicio oral y público por el caso de "La Línea".

Por este mismo caso también está acusada la exvicepresidenta Roxana Baldetti, sindicada de los mismos delitos y quien está internada en un sanatorio privado aquejada de una infección, pero que guarda prisión preventiva en un centro para mujeres ubicado en la zona 18 de la ciudad.

La audiencia de Pérez Molina, al igual que la de Baldetti y otros involucrados en el proceso, está fijada para el 18 de enero, tras ser aplazada porque el Tribunal a cargo se encuentra en período vacacional.

De acuerdo con la investigación de ambas entidades, la red operaba en la Superintendencia de Administración de Impuestos (SAT) con la complicidad de al menos 49 personas, y se apoderó del pago de impuestos de más de 1.500 contenedores de productos importados entre 2014 y 2015.

Los primeros datos estiman que la estructura pudo haber defraudado unos 28,55 millones de quetzales (unos 3,7 millones de dólares) y de lo sobornado, el 50 % se destinó a Pérez Molina y su vicepresidenta Baldetti.