La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha puesto de manifiesto este martes su "profunda decepción" por el resultado del encuentro mantenido por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con los miembros del Consejo Fiscal, al entender que ha puesto de manifiesto la "incapacidad absoluta" del Gobierno "ara escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)".
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Se refieren al anuncio del ministro de que no aplazará la entrada en vigor de la Ley, prevista para el próximo 7 de diciembre, y de la puesta en manos de los fiscales de medios humanos, materiales y legales que permitan su aplicación, es especial en lo referido a los plazos de la instrucción y el de 6 meses fijado para que los fiscales califiquen todos los procedimientos ahora pendientes entre simples y complejos.
"Ha sido la propia sordera del Ministerio, de su iniciativa legislativa -que ha ignorado en el momento de la redacción del texto los consejos aportados por los órganos consultivos del Estado-, así como las prisas o urgencia política por "encajar" esta ley antes de que finalice la legislatura, lo que ha provocado este indeseable resultado", añaden.
"SOBERBIA JURÍDICA"
En este caso, recuerdan firma de nada menos que 1.194 fiscales españoles y la unanimidad de las asociaciones de fiscales comprometiendo su voluntad para evitar la entrada en vigor de la norma, "es un hecho que le resulta irrelevante al Ministerio, quien, pleno de soberbia jurídica", trata de dar explicaciones sobre cómo aplicar la ley y promete, "como parches de última hora", medios materiales insuficientes e ineficaces antes de la entrada en vigor de la norma cuyo cumplimiento y efectividad no está en condiciones de asegurar.
La voluntad y necesidad de acortar los tiempos de instrucción es una evidencia que no necesita mas explicación, según los fiscales progresistas, pero el instrumento utilizado "es técnicamente deficiente, jurídicamente confuso y procesalmente incongruente, incluso con visos de inconstitucionalidad en alguno de sus postulados".
Explican que "la ley plantea un reparto de papeles entre jueces y fiscales de otro modelo procesal" y, sobre todo, parte de una realidad que consideran "deteriorada" y "desconocida absolutamente" por el Ministerio de Justicia y el legislador.
"Lamentamos profundamente que la Fiscal General del Estado no encabece, como nos hubiera gustado, esta justa petición, y que le de la espalda a la Carrera Fiscal en un momento inmejorable para demostrar nuestra autonomía e independencia del ejecutivo", afirman.
Por ello, insisten en la necesidad de que antes del 5 de diciembre de 2015 el Gobierno aplace la entrada en vigor de la norma. "Es una petición sensata, respetuosa con la separación de poderes y amparada en la voluntad de evitar las indeseables consecuencias de una ley que no deseamos sea recordada como la ley de punto final española", concluyen.
