La Guardia Civil registra el Instituto de Servicios Sociales de Tarragona

Tarragona, 9 oct (EFE).- Agentes de la Guardia Civil registra la sede del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSST), situado en la plaza Prim de Tarragona, en busca de documentación por el llamado caso Inipro, que denunció la CUP y que provocó la dimisión de su gerente, Antonio Muñoz.

La CUP denunció el caso a Fiscalía antes de tener representación municipal tras informaciones publicadas a raíz de la denuncia de empleados del Instituto, que aseguraron que en 2010 el IMSST adjudicó a Inipro un servicio de asistencia al inmigrante a través de la fórmula legal de invitar a tres empresas a participar en un concurso, de las que una se retiró, Inipro ganó y la que perdió, Itinere, era también de los mismos accionistas que Inipro.

Además, tampoco cuadraban las fechas de envío de presupuestos, anteriores a la convocatoria del procedimiento negociado sin publicidad y, asimismo, se daba el caso de que tanto Inipro como Itinere estaban muy vinculadas al PSC, partido que controlaba -y controla- el IMSST cuando se denunciaron los hechos.

Fuentes próximas al caso han precisado a Efe que el procedimiento negociado del 2010 era legal, pero se prorrogó los años 2011 y 2012 de forma irregular y los agentes buscan documentación relacionada con estas prórrogas y no prevén efectuar detención alguna.

Al estallar el caso, el equipo de gobierno de Tarragona (PSC) ordenó una auditoría interna que detectó estas prórrogas, que ascendían a un total de 137.369 euros.

La portavoz del equipo de gobierno, Begoña Floria, ha manifestado a las puertas del IMSST que el ayuntamiento colaborará plenamente con la justicia y que ya tomaron medidas al saber el caso, como la citada auditoría y cambiar el gerente.

Floria considera que es un caso de "una mala praxis, no de una intencionalidad punible".

Iniciatives i Programes (Inipro) e Itinere forman parte del mismo grupo empresarial, pero "son empresas totalmente diferentes", han señalado a Efe fuentes de Itinere.

Esta misma fuente ha desvinculado a la empresa del PSC y ha argumentado que el desajuste entre las fechas del presupuesto y la apertura del procedimiento negociado entra en la normalidad de los procedimientos administrativos.

"Es posible que nos pidieran presupuesto y que mucho después decidieran abrir el concurso. Lo que está claro es que a nosotros no nos adjudicaron nada", ha expuesto.

Por su parte, la denunciante del caso, la CUP, ha mostrado su satisfacción por el avance de las investigaciones, lo que va a favor de los intereses de la ciudadanía.

Jordi Martí, concejal de la CUP, en la oposición, se ha acercado al IMSST y ha expresado su confianza en que el registro "seguro que aportará informaciones que hasta ahora hacían falta para terminar de cerrar el caso".

Con las reservas propias de un caso bajo secreto, Martí ha avanzado que la semana que viene la CUP valorará las medidas correctoras tomadas por el consistorio.