Madrid, 8 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid considera que el "entramado societario" del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se apoya en una "red de movimientos económicos" que han tenido "repercusión, alojamiento o manifestaciones en diversos países".
Así lo explican los magistrados de la Sección 23 del tribunal madrileño en el auto en el que confirman la prisión preventiva para uno de los presuntos testaferros del exministro de Economía, el empresario Alberto Portuondo, que ingresó en la cárcel el pasado agosto por delitos de blanqueo y corrupción entre particulares.
Portuondo, que supuestamente intercedió para que Bankia adjudicara los contratos de publicidad del lanzamiento de la marca y su salida a bolsa en 2011 a las empresas Zenith y Publicis a cambio de dos millones en comisiones, de los que después desviaría 833.000 a una mercantil de Rato, recurrió alegando que la "persecución" a un personaje político se había antepuesto a sus derechos.
La Audiencia subraya que existen "sólidos" indicios de que los hechos investigados son delictivos y el testimonio de la Guardia Civil sobre la comisión de un delito de blanqueo no es "ni pobre, ni tampoco incompleto" y "mucho menos incoherente".
Subraya así que las pesquisas apuntan a una serie de operaciones contractuales "impulsadas desde la entidad mercantil Bankia" en la época en que estuvo presidida por Rato, en las que Portuondo primeramente intervino como intermediario y luego "participa decisivamente en la adjudicación de determinados contratos" a Publicis y Zenith.
Con ello obtuvo "importantes cantidades de dinero", en concreto dos millones, de los que una parte acabó en la sociedad Kradonara 2001, epicentro del entramado societario del ex director gerente del FMI.
La implicación del empresario, prosiguen los magistrados, "en las operaciones contractuales que partiendo de Bankia recorren Publics Comunicación España, Zenith Media, Albisa Inversiones y Asesoramiento y Kradonara 2001, dan curso al dinero aludido, no es baladí en absoluto" sino, muy al contrario, "sustancial".
De esta forma, el tribunal hace hincapié en que las sospechas no se han construido sobre "meras elucubraciones", sino que están amparadas en las testificales de las personas que intervinieron directamente en las distintas operaciones y entidades y en documentación que confirma "la dinámica seguida".
Para argumentar que su ingreso en prisión está más que justificado ante el riesgo de fuga, los magistrados aluden a su residencia habitual en México, su alta capacidad económica "a la vista de las cuantiosas ganancias por él mismo reconocidas" y su relación con entidades en otros países.
A ello se une que "el entramado societario con el que se relacionaba" no podía estar contenido simplemente en los "dos teléfonos, dos pen drive, un ordenador y dos agendas" que se le incautaron.
En suma, concluyen mientras el Tribunal Supremo tiene que decidir cuál es el órgano competente para hacerse con él, el "caso Rato" no se ciñe exclusivamente a Portuondo, sino también a "otras personas dentro de una aparente -de momento- red de movimientos económicos con repercusión, alojamiento o manifestaciones en diversos países".
Según el recurso del empresario, que fue detenido en el aeropuerto de Barajas cuando se disponía a regresar a México, país en el que trabajaba, fue una "operación deliberada" que nada tuvo que ver con un hipotético riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
Y ello porque, decía, no podía huir porque se le había retirado el pasaporte, ni podía eliminar pruebas porque se le habían incautado e intervenido todos los equipos informáticos y dispositivos móviles.
Además, aseguraba ser una especie de "asesor genérico de varias personas de Bankia" y que, a pesar de los "cuantiosos emolumentos que percibía", casi nunca emitió informes ni estudios, sino que "se reunían y hablaban", negando a la vez una relación próxima con Rodrigo Rato y distanciándose de las operaciones investigadas.
