
Madrid, 7 oct (EFE).- Diferentes asociaciones de jueces y fiscales han criticado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entra en vigor en dos meses y que limita la instrucción de las causas con plazos máximos "imposibles" de cumplir, lo que llevará, advierten, a la "impunidad de los delincuentes".
En sendos comunicados, la Asociación de Jueces Francisco de Victoria, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han acogido con escepticismo esta reforma, que empezará a aplicarse en dos meses tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado y que cambia una ley de 1882.
Para la asociación de magistrados, la reforma, que impone unos plazos máximos de 6 meses para causas ordinarias y 18 para las complejas -prorrogables a petición del fiscal o de las partes-, "promoverá la impunidad de los delincuentes".
Los jueces recuerdan que España está a la cola de Europa en número de jueces por habitante y los juzgados tienen "una carga de trabajo inasumible", mientras "proliferan casos gravísimos de corrupción cuya investigación es muy compleja".
A esto se suma que pruebas forenses tardan "frecuentemente años" por falta de personal policial, afirman, ante lo que critican que el Gobierno ha optado por establecer un plazo máximo de instrucción "imposible".
Para los jueces, la manera de agilizar la investigación pasa por aumentar las plantillas de jueces, fiscales y policías y por dotarlos de más medios.
"Lo que resulta difícil de imaginar -dicen- es que la justicia se vaya a agilizar por publicar en el BOE que los procesos no durarán más de un determinado plazo si no se adopta al tiempo ninguna medida que permita efectivamente su agilización".
La asociación augura el cierre de numerosas causas como consecuencia de la reforma, lo que llevará a la absolución de delincuentes y "beneficiará, entre otros, a los implicados en los gravísimos casos de corrupción que todos tenemos en mente".
Así, se preguntan si con los nuevos plazos se hubiera llegado a averiguar todo sobre casos como Bankia, Bárcenas, CAM, Emperador o Malaya o Gürtel, a lo que responden, "sin duda", que no.
Por parte de los fiscales, la UPF afirma que esta ley es una víctima más de "la voracidad reformista del actual Ministerio de Justicia, que ha supuesto la modificación de la práctica totalidad del abanico de materias jurídicas posible con la consiguiente inseguridad jurídica".
Tendrá, a su juicio, "aciagas consecuencias prácticas" y supone simplemente un parche a una "vetusta" ley procesal "sin abordar una definitiva reforma del proceso penal que atribuya al Ministerio Fiscal en condiciones de efectiva autonomía -como sucede en la abrumadora mayoría de las legislaciones occidentales- la dirección de la investigación penal".
La reforma mantiene que los jueces de instrucción sean los que lleven la voz en la investigación de los casos, pero al fijarles límites temporales se produce un "efecto adverso para el esclarecimiento de los hechos delictivos y la averiguación de sus responsables", opina la asociación.
"Desde la Unión Progresista de Fiscales mostramos nuestro más enérgico rechazo a una reforma que denota el más absoluto desconocimiento por parte del Ministerio de Justicia de la realidad diaria de los juzgados y fiscalías", añade.
En la misma línea, la APIF considera que la reforma "desconoce la realidad de la justicia española" y critica los plazos de caducidad de la instrucción cuando el fiscal "en ocasiones tiene su sede a cientos de kilómetros de distancia de los juzgados" y desarrolla muchas otras tareas.
"Se pretende solucionar el retraso de la justicia cerrando puertas a la investigación, que es lo único que va a lograrse con los plazos de caducidad", los cuales "llevarán a espacios de impunidad con instrucciones deficientes", afirman los fiscales.
En lugar de imponer "plazos imposibles", esta asociación aboga por simplificar el procedimiento e impedir que pueda recurrirse "cada paso que el juez vaya dando".
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