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Acusación popular del 'caso Cabieces' pide que se dicte auto para que se inicie la fase de apertura de juicio oral

Afirma que no se ha acreditado que el dinero abonado por Kutxabank a Cabieces fuera por trabajo y cree que fueron "pagos políticos"

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La acusación popular en el caso de los pagos de Kutxabank al exdelegado del Gobierno central, Mikel Cabieces, durante el mandato de Mario Fernández, cree que hay "indicios más que suficientes" para continuar con el procedimiento y para dictar auto de transformación del mismo, de manera que se pueda iniciar la fase de apertura de juicio oral.

Estas manifestaciones han sido realizadas en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida por representantes de las organizaciones sindicales y sociales LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE Bizkaia, HIRU, EKA y Plataforma pensionistas de EH, personadas como acusación popular en el caso, que han estado acompañadas por su abogada, Jone Goirizela.

En su comparecencia, han manifestado que las conclusiones son "claras y contundentes" y cree que este caso es "una demostración clásica del funcionamiento de las puertas giratorias en beneficio de algunos políticos".

La acusación popular ha señalado que, por ahora, no se ha aportado "prueba alguna" que asegure que el dinero percibido por Cabieces --un total de 243.592,02 euros-- se correspondía con algún tipo de prestación laboral".

Según han explicado, ha sido más bien "al revés", ya que, tanto el informe de auditoría como los testimonios solicitados por la acusación laboral, han asegurado que esta prestación laboral es "inexistente".

"El señor Cabieces cobraba de Kutxabank cerca de 6.000 euros mensuales sin trabajar. Si esos pagos no se corresponden con trabajo alguno, son pagos políticos. Son pagos que se hacen como parte de los acuerdos de los partidos PNV, PP y PSE en el proceso de privatización de Kutxabank", han denunciado.

Por ello, creen que son los representantes de estos partidos políticos los que deben "dar explicaciones" al respecto y, en su caso, "asumir las responsabilidades politicas que puedan derivarse". Además, han añadido que el "trato de favor y el presunto fraude" a Kutxabank es "una decisión política de quienes han decidido privatizar las Cajas Vascas y Kutxabank".

TESTIMONIOS

Según han destacado, su personamiento ha sido "efectivo" y están "satisfechos" porque, gracias a su actuación, se han podido recoger

testimonios que "no dejan lugar a dudas respecto a que, si no hay un pago por una prestación de trabajo, hay un pago por intereses políticos".

En concreto, han aludido a testimonios como el del abogado de CajaSur la semana pasada que decía "no conocer" al exdelegado del Gobierno central de "absolutamente de nada, no haberse comunicado con el ni siquiera por vía telefónica ni por correo electrónico".

Asimismo, compañeros del despacho de Rafael Alcorta, a través del cual se gestionaban los pagos y que también fueron citados como testigos por la Acusación popular, afirmaron que Cabieces "fue impuesto, y que no fue una elección en base a sus capacidades y conocimientos".

Por lo tanto, han insistido en que se sigue sin acreditar "ningún trabajo realizado" por Cabieces. "Y en este caso, si no tenía ninguna relación con el abogado de CajaSur, ¿como se justifican los viajes y los gastos de los viajes a Andalucia?. Nuestra duda razonable es ¿entonces a que se dedicó Cabieces?", se han preguntado.

Por todo ello, creen que existen "indicios más que suficientes" para que el juzgado siga con la instrucción y para que dicte auto de transformación del procedimiento, de manera que se pueda iniciar la fase de apertura de juicio oral.

La abogada ha indicado que, a día de hoy, salvo que el ministerio fiscal o la jueza tenga "otro criterio" y a falta de un recurso que interpondrá la acusación popular, consideran que se debe seguir adelante con el procedimento y esa será su "petición".

Respecto a la posición que pueda tener la fiscal, ha indicado que mantiene una "actitud positiva" y cree que su criterio podría ser "parecido al nuestro".

Goirizelaia ha indicado que, en todo el procedimiento, las únicas pruebas que se han practicado han sido las solicitadas por el Fiscal y la Acusación popular, ya que las defensas no han presentado ningún testimonio ni ninguna solicitud de ninguna prueba testifical. Además, ha añadido que tampoco han aportado ninguna prueba documental que no se haya pedido por la fiscalía y la Acusación popular.

En este sentido, considera "destacable" el hecho de que no lo hayan hecho cuando una de las "líneas argunentales" de la defensa era que iban a acreditar los trabajos realizados por Cabieces. "No han practicado ninguna prueba que les haya permitido acreditar lo que decían en sus manifestaciones", ha manifestado.

Por otra parte, Goirizelia ha precisado que van a recurrir un auto de la juez que les denegaba una prueba documental y testifical solicitada en relación "a una serie de informes jurídicos, tanto de la propia entidad como de una empresa de abogados externa que decían que esta contratación había sido ilegal e irregular". La juez entendía que esta prueba solicitada dilataría la instruccion y no lo ve necesario, criterio que no comparte la Acusación popular.

KUTXABANK E IBERDROLA

Por otra parte, han señalado que Cabieces, mientras "cobraba 12.000 euros mensuales de Kutxabank e Iberdrola, solicitó la capitalizacion de la prestación de desempleo para financiar la seguridad social de su cuota de autonomos. La acusación popular ha señalado que "puede" que esta actuación sea legal, pero, a su juicio, es "inmoral".

En este sentido, han indicado que la "única actuación moralmente aceptable" sería que Cabieces "devolviese esa cuantía injustamente percibida".

Asimismo, tras preguntarse cómo Cabieces podía trabajar tanto para Kutxabank como Iberdrola "al mismo tiempo", ha señalado que la "privatización" del banco vasco ha sido "caldo de cultivo para que se den estas actuaciones". "Creemos que, si no se devuelven las acciones a las entidades públicas fundadoras, se seguiran dando situaciones similares", ha añadido.

Por ello, han exigido que Kutxabank sea pública, "que se dé marcha atrás en el proceso de privatización" porque "lo que el tejido productivo vasco y la sociedad vasca, en general, necesita es la creación de un sistema financiero público vasco. "Solamente de esta forma se pueden evitar fraudes como el que tenemos entre manos", ha concluido.

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