El caso de los ERE podrá volver a Sevilla tras la renuncia de los diputados a su actas

Sevilla, 25 jun (EFE).- El caso de los ERE podrá volver del Tribunal Supremo al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que comenzó a instruirlo en 2011, una vez que los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera han renunciado a sus actas de parlamentarios.

Aunque la juez que empezó la instrucción del caso, Mercedes Alaya, dejó de ser la titular del juzgado el pasado 16 de junio, está previsto que la próxima semana vuelva como magistrada de refuerzo y encargada de los ERE, por lo que asumirá la continuidad de la causa, que acumula 263 imputados más nueve exaforados.

Fuentes judiciales han explicado a Efe que, respecto a los expresidentes y diputados imputados en el Supremo, se trataría de una situación similar a la ocurrida con los cuatro exconsejeros andaluces acusados: Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se hizo cargo del caso respecto a estos cuatro exconsejeros socialistas porque eran aforados, condición que dejaron de tener desde que el 16 de abril se constituyó el nuevo Parlamento andaluz.

Ninguno de los cuatro están incluidos en la nueva Cámara autonómica, por lo que el TSJA está tramitando su devolución al juzgado de Sevilla, lo que aún no ha culminado por los recursos presentados por los imputados.

Griñán abandonó el Senado con efectos desde el pasado 15 de junio, mientras que Chaves, Zarrías y Viera han presentado hoy su renuncia tras ser imputados por el magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor del caso en el Supremo.

El juez aprecia indicios de delito de prevaricación administrativa en la actuación de los cuatro implicados y, en Viera, también de malversación de fondos públicos.

Siete meses después de que el Supremo abriera la investigación, el magistrado ha decidido exculpar a la exconsejera y senadora Mar Moreno, pero implica a los demás en un sistema ilegal consistente en ocultar, a través del mecanismo de transferencias de financiación, lo que en realidad eran subvenciones con el fin de eludir los controles legales a los que debían someterse.