Palma, 24 jun (EFE).- El juez del caso Nóos, José Castro, ha remitido a la Audiencia de Palma el recurso de apelación interpuesto por la infanta Cristina en el que pide una rebaja de la fianza, de los 2.697.150 euros fijados por el juez a los 587.413 euros que ya depositó en el juzgado el pasado diciembre.
El Juez de Instrucción número 3 de Palma ha dictado una providencia en la que eleva a la Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto por la hermana del Rey contra la fianza de responsabilidad civil impuesta por el magistrado en el auto de apertura de juicio oral, como presunta cooperadora en dos delitos fiscales.
Castro ha remitido el recurso al tribunal provincial después de que haya vencido el plazo para que las partes hicieran alegaciones, durante el cual la Fiscalía Anticorrupción se adhirió a la petición de la infanta.
Mientras transcurría ese plazo, la infanta ha ingresado más dinero en la cuenta del Juzgado de Instrucción, de manera que ha cubierto ya dos tercios de la cuantía fijada por el juez, tras la venta de la vivienda que poseía con Iñaki Urdangarin en el barrio barcelonés de Pedralbes.
Sumando lo ingresado en diciembre y la mitad de lo aportado junto a su marido tras la venta del palacete de Pedralbes, la infanta ha ingresado en total 1.772.049 euros, un 65,7 % de lo que reclamaba el juez.
En el recurso ante la Audiencia, la defensa de la infanta insiste en pedir que se reduzca la fianza por injustificada y "absolutamente desproporcionada".
Si en el primer recurso pedían una rebaja de los 2.697.150 euros fijados por el juez a 449.525 euros (los 337.143 euros presuntamente defraudados a Hacienda por Urdangarin, más un tercio), ahora reclaman que la Audiencia de Palma la deje en 587.413 euros, que es la cantidad que consignó la infanta en el juzgado en diciembre.
Los abogados de la hermana del Rey alegan que esta medida cautelar se debe ceñir a la probable responsabilidad civil y las costas procesales a las que debería hacer frente doña Cristina en caso de una sentencia condenatoria, "pero no a garantizar las posibles penas de multa".
Recuerdan que la infanta ingresó en el juzgado 587.413 euros, que era la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción reclamó como responsabilidad civil en su escrito de acusación, y puntualizan que esa cuantía incluye los 168.571 euros que postuló la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria, que sería la perjudicada por el presunto delito.
Creen que se deben tener en cuenta dos circunstancias atenuantes: que la infanta ya ha reparado el presunto daño y que está acusada como cooperadora en los delitos fiscales de su marido, no como autora.
En el recurso, los abogados de doña Cristina aseguran que el juez Castro ha hecho "apreciaciones subjetivas" sobre ella que constituyen "un grave atentado a las garantías que debieran presidir el procedimiento y, en particular, el ejercicio del derecho de defensa".
Atribuyen al juez "contradicciones y excesos interpretativos" que les generan "una constante sensación de inseguridad jurídica y, por ende, una grave merma de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".
Los recurrentes, Miquel Roca y Jesús-María Silva, sostienen que cuando la hermana del Rey "ha pretendido ejercitar de forma legítima su derecho de defensa, incomprensiblemente, ha recibido como respuesta" de Castro "toda una serie de reproches (...) y valoraciones subjetivas sobre la pretendida incorrección del planteamiento de su estrategia".
Los defensores rebaten que Castro, "de forma más bien acusadora", niegue "la más mínima probabilidad" de que a la exduquesa de Palma, "en el caso hipotético de condena, le fuera de aplicación la atenuante de reparación del daño", un propósito que, insisten, quedó de manifiesto cuando la imputada consignó 587.413 euros.
