Lima, 8 jun (EFE).- El expresidente peruano Alejandro Toledo planteó hoy sancionar con cadena perpetua a los que cometan extorsión, abuso sexual y asesinato de menores, tráfico de drogas y participen en el crimen organizado, en vista al pedido de facultades legislativas anunciado por el Ejecutivo peruano.
Debido a los problemas de seguridad ciudadana que afrontan las autoridades locales en el país, el gobierno de Ollanta Humala anunció que pedirá una delegación de facultades legislativas al Congreso para legislar sobre ese tema.
A raíz de ese anuncio, el exmandatario Toledo (2001-2006) declaró a RPP Noticias que "debemos presentar una ley en la cual se apruebe el principio de autoridad y se ponga cadena perpetua para los violadores de menores, extorsionadores, los asesinos de menores, al crimen organizado y a los que trafican con droga".
Según el exgobernante, estas sentencias no deben recibir beneficios penitenciarios, pero rechazó la propuesta, de algunas autoridades locales, de encargar la seguridad ciudadana a las fuerzas armadas porque representaría una "mala imagen en el exterior".
"Lo que tenemos que hacer es fortalecer a la policía, darle implementos básicos, pagarles mejor y fortalecer la estrategia efectiva", agregó Toledo.
En los últimos días, al menos tres alcaldes distritales de Lima plantearon que soldados del Ejército apoyen en las labores de protección ciudadana para enfrentar al crimen organizado y la presencia de pandillas, entre otros casos.
El alcalde de Comas, Miguel Saldaña, declaró a Canal N que los militares podrían patrullar sin armas y "bajo el control de la disciplina del cuerpo del serenazgo (guardias municipales)", dado que su distrito tiene 600.000 habitantes y menos de 500 policías en esta jurisdicción.
Por su parte, el alcalde de San Juan de Miraflores, Javier Altamirano, propone al Congreso que apruebe una ley para que haya patrullaje militar en las calles y el toque de queda en las noches para reducir la delincuencia en su distrito, de medio millón de habitantes.
En el mismo sentido, el burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Juan Navarro, y el gobernador del Callao, Félix Moreno, se unieron a la propuesta de que las fuerzas armadas asuman labores de vigilancia ciudadana para enfrentar los casos de extorsión y sicariato en la ciudad.
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