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Dvuelta vuelve a recurrir las tasas judiciales en la Audiencia Nacional por limitar el acceso de las pymes a la Justicia

Denuncia que el Gobierno mantenga el pago del gravamen sin tener en cuenta la dimensión o el nivel de facturación de las empresas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Dvuelta, empresa dedicada a la defensa jurídica los conductores, ha interpuesto este martes un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en contra de la orden del Ministerio de Hacienda publicada este martes en el Boletín Oficial del (BOE) sobre tasas judiciales por "privar a millones de pequeñas y medianas de empresas" de la defensa de sus derechos e intereses en los tribunales.

Dvuelta ha recordado en un comunicado que ya recurrió la anterior orden ministerial relativa a estos gravámenes, que condujo a que la Audiencia Nacional acabara planteando una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas impulsada por el anterior ministro de Justicia, Albarto Ruiz-Gallardón, en el Tribunal Constitucional.

En el recurso presentado este martes, DVuelta asegura que la mayoría de los argumentos contenidos en ese auto del 6 de septiembre de 2013 de la Audiencia Nacional son "perfectamente trasladables a situaciones en donde el obligado tributario sea una persona jurídica" puesto que "el Gobierno sigue obviando la doctrina del Tribunal Constitucional al obligar a pagar tasas judiciales a las empresas sin tener en cuenta su dimensión o nivel de facturación".

VULNERAR EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

En este sentido, apunta que la Audiencia Nacional advertía de que la Ley de tasas judiciales puede vulnerar el artículo 24.1 de la Constitución, que regula la tutela judicial efectiva, cuando establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

En este punto, razonaba que "se entiende que este derecho fundamental de la persona, queda conculcado, no por la exigencia del pago de una tasa, si no por las consecuencias procesales y sustantivas derivadas de la falta de dicho pago".

"Lo que puede no ser constitucional, es que el pago de dicha tasa, condicione: primero, la posibilidad de acceder a la jurisdicción; y segundo la posibilidad de obtener la tutela judicial; y son estas dos consecuencias inevitables si no se pagan las tasas, las que se pueden considerar inconstitucionales", concluye.

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