La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha criticado este jueves la amenaza velada a quienes investigan casos de corrupción que en su opinión supone la sugerencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de sancionar a los medios de comunicación que publiquen sumarios secretos, algo que considera una "barbaridad".
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Asimismo, esta plataforma ha subrayado que en cualquier caso se trata de un debate "que está cerrado" tanto por la Constitución, que consagra el derecho fundamental a la libertad de información, como por la propia jurisprudencia. Así, ha recordado, cuando los jueces han tenido que ponderar el posible conflicto entre derechos individuales (como el derecho al honor) y la libertad de información, "se han venido pronunciando reiteradamente a favor de la segunda cuando se trata de figuras de relevancia pública y asuntos de interés general".
A pesar de la aparente aclaración del ministro negando que el Gobierno planee "penalizar a los medios", la plataforma ha trasladado su temor de que tras esta sugerencia de Catalá "se esconda la misma intención que en la 'ley mordaza': evitar que sean los jueces quienes resuelvan estos casos, aplicando, en cambio 'multas' o 'sanciones administrativas'".
En la misma línea, ha justificado también esa desconfianza pese a la rectificación porque en otros proyectos legislativos ahora en tramitación como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial "también apuntan a la censura en los procedimientos judiciales, al prever que se supriman de los sumarios los datos personales, de modo que las partes y la prensa no puedan divulgarlos".
MÁS MEDIOS PARA LA JUSTICIA
En cualquier caso, la plataforma ha subrayado que para garantizar que no se vulnere el derecho a la defensa lo mejor que se puede hacer es dotar de medios a los juzgados. "La única forma de evitar juicios paralelos es dotar de medios a la justicia para que sea rápida y eficaz. La justicia lenta no es justicia", ha manifestado el director legal, Carlos Sánchez Almeida.
Igualmente, ha censurado que Catalá "presente tanto celo" cuando las informaciones afectan a casos de corrupción "y pase por alta la reiterada falta de respeto" del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, "a la presunción de inocencia en asuntos que afectan a la libertad de expresión y el derecho a la protesta".
"Argumentar que este cambio propuesto por el ministro Catalá solo busca defender 'la intimidad' y la 'presunción de inocencia' es tomar por idiotas a los ciudadanos", ha afirmado Ignacio Escolar, director de eldiario.es, uno de los socios fundadores de la PDLI.
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