Durante los próximos días, los diferentes grupos parlamentarios habrán de preparar las enmiendas que estimen convenientes al Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas que se acaba de publicar en el boletín de las Cortes.
Nos hallamos, por tanto, en la recta final de la materialización de una norma fruto de la adaptación a la legislación interna española de los cambios incorporados por la Directiva y el Reglamento (UE) europeos relativos a la auditoría legal de las cuentas anuales, que los Estados miembros habrán de transponer a sus respectivos ordenamientos jurídicos antes de junio de 2016.
Ha llegado la hora de legislar con vistas al futuro, sentando las bases de una actividad profesional clave para el desarrollo económico. No es momento ahora de implementar medidas al calor de hechos aislados o de intereses corporativos, porque lo que está en juego es, nada más y nada menos, que la construcción de unas reglas claras encaminadas a dar seguridad a los mercados y al conjunto de la sociedad.
Si repasamos los titulares de las noticias aparecidas en los medios de comunicación a este respecto, podría dar la sensación de que esta ley se está gestando en un clima de constante enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y el sector, entre los que parecerían existir discrepancias insalvables sobre el contenido del Proyecto. Pero si leemos entre líneas y analizamos con detalle los planteamientos de unos y otros, vemos que son muchos más los aspectos que nos acercan que los que nos distancian.
En alusión a la nueva regulación europea que estamos procediendo a transponer, el Proyecto de Ley señala en su exposición de motivos que "introduce cambios sustanciales en la normativa existente, derivados de la necesidad, puesta de manifiesto en la Unión Europea, de recuperar la confianza de los usuarios en la información económica financiera que se audita, en especial la de las entidades de interés público y de reforzar la calidad de las auditorías, fortaleciendo su independencia". Esto que, en principio, podría parecer una simple declaración de intenciones, es precisamente donde radica el quid de la cuestión, algo que, desde hace tiempo, estamos intentando modular técnicamente y de forma conjunta entre la Administración y quienes desarrollamos esta actividad profesional.
Todos somos conscientes de la dimensión social de la auditoría y siempre hemos abogado por medidas para incrementar la transparencia, porque entendemos que los más de 62.000 informes que realizamos a lo largo del año resultan fundamentales para, entre otros aspectos, la seguridad de los inversores en miles de empresas, su buen gobierno corporativo y la protección de los derechos de los accionistas. De ahí que los auditores aceptemos sin reservas las exigencias a las que estamos sometidos en aras de ofrecer un servicio de la máxima calidad.
Consideramos que la decisión del Gobierno de poner en marcha esta reforma, de cara a cumplir con los plazos establecidos por la UE, ha sido acertada. Seamos pues prácticos y resolutivos, y aprovechemos esta armonización de normas en materia de auditoría a nivel europeo para converger con el resto de países de nuestro entorno y, sobre todo, como ya dijimos antes, para incrementar la transparencia, clarificando de una vez por todas la función que desempeña la auditoría y el alcance y las limitaciones que tiene, al objeto de reducir la denominada brecha de expectativas entre lo que espera un usuario de este servicio y lo que realmente es.
Desde el REA+REGA Corporación de Auditores, órgano especializado en materia de auditoría del Consejo General de Economistas, creemos que es fundamental centrar el debate en aquellos aspectos nucleares que resulten realmente eficaces para aumentar la fiabilidad de la información financiera y para reforzar la calidad de los trabajos de auditoría. Pero para lograr estas cotas de calidad no cabe duda de que resulta imprescindible establecer medidas que permitan la concurrencia en el mercado de operadores en igualdad de condiciones, lo que redundará en un aumento de la competitividad y en un mejor servicio para los usuarios.
Para dinamizar el sector y adaptarnos a Europa solo hace falta introducir en el Proyecto de Ley de Auditoría algunas mejoras técnicas que permitan pulir aquellos aspectos que puedan inducir a confusión. Así, entre las áreas en las que habría que trabajar para ofrecer una adecuada respuesta a lo que esta iniciativa propone, se encuentran, por ejemplo, la definición de Entidad de Interés Público (EIP), el régimen de independencia, que establece unas causas de incompatibilidad poco inteligibles, especialmente en lo relativo a las extensiones subjetivas, y el contenido del informe de auditoría, que incluye cuestiones que en el Derecho europeo quedan circunscritas a las EIP.
Otro tema que admite mejoras es el relativo a la integración de auditores en redes de sociedades. Tal como está redactado ahora el Proyecto, se introducen algunas restricciones que pueden frenar los procesos de fusión o integración de auditores en redes, imposibilitando el crecimiento de las pymes de auditoría y afectando a su competitividad. A ello haya que sumarle otra cuestión de especial impacto en el pequeño y mediano auditor, que consiste en que el Proyecto incorpora como causa de incompatibilidad la concentración de honorarios, algo que en Europa solo está contemplado para las EIP.
Otros asuntos de calado, que de no resolverse podrían propiciar un panorama poco alentador para las pequeñas firmas, son: la creación de una nueva figura tributaria, cuyo impacto económico debería ser evaluado, el endurecimiento del régimen de infracciones y sanciones, que va mucho más allá del resto de países de la UE, y el establecimiento de una determinada estructura organizativa y dimensión que deben cumplir los auditores que realizan auditorías de EIP.
Como vemos, no son muchas las cuestiones susceptibles de mejoras técnicas, por lo que creemos que muchas de ellas podrán consensuarse durante la tramitación parlamentaria para, entre todos, construir una ley de largo recorrido que siente las bases de esta actividad fundamental para el entramado económico.
Por Carlos Puig de Travy. Presidente del REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.
