
Madrid, 10 abr (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho hoy que el Gobierno tratará de preservar las relaciones con Marruecos, como con otros estados, "con independencia de las vicisitudes que puedan producirse".
Soraya Sáenz de Santamaría ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada si la decisión del juez Pablo Ruz de procesar a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara entre 1975 y 1992 puede mermar la cooperación entre ambos países en materias como el terrorismo y la inmigración ilegal
"Las relaciones con Marruecos y con otros muchos estados son muy amplias y nosotros trabajaremos para preservarlas con independencia de las vicisitudes que puedan producirse como en cualquier otra relación bilateral y multilateral", ha recalcado Soraya Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que "es una actuación judicial y el Gobierno en todo caso respetará en estos procedimientos la legalidad internacional".
Ha estimado que sobre estos parámetros de respeto a la legalidad internacional y con la labor que se viene llevando a cabo entre todos los estados -"Y más los que somos ribereños y vecinos", ha dicho- es con los que hay que seguir trabajando "en ámbitos clave como la lucha contra el yihadismo y la inmigración en circunstancias de irregularidad".
"Nuestra tarea es seguir trabajando en una cooperación que se está produciendo de una manera muy intensa y muy necesaria que nos compete a la comunidad internacional, y por nuestra parte siempre buscaremos esa máxima colaboración", ha insistido.
Sáenz de Santamaría ha aclarado que "una cosa son las decisiones judiciales, en este caso la continuación de un procedimiento, y otra la relación entre los gobiernos".
"El Gobierno de Marruecos en este punto, al margen de los procedimientos judiciales, conoce perfectamente cuál es nuestra postura respecto al Sahara, que no ha cambiado en este tiempo", ha subrayado.
Ha recordado que el Gobierno siempre ha defendido "una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental conforme a los principios y los propósitos de la Carta de Naciones Unidas".
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