El Consejo de Defensa del Contribuyente debería asumir competencias arbitrales en línea con su función actual de defensa del administrado en la resolución de conflictos de escasa cuantía (600 euros), que surjan con Hacienda, según una propuesta presentada por la Fundación Impuestos y Competitividad.
Así, se apuesta porque los actos y actuaciones administrativas susceptibles de ser recurridos ante los tribunales económico-administrativos, así como los actos de gestión, inspección, recaudación y sancionadores de las Administraciones autonómicas y locales puedan ser sometidos a la decisión de los órganos tributarios, tal y como ocurre en países como Estado Unidos o Alemania.
Dependencia del Ministerio
En el ámbito del Estado, los órganos de arbitraje deberían estar integrados en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda.
Se plantea, además, la creación de un Tribunal Arbitral Colegiado en el ámbito de cada Delegación Especial de la Agencia Tributaria (Aeat)
El laudo que se dicte en estos casos sería firme, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, pudiendo exigirse su cumplimiento de forma forzosa a través del auxilio judicial. Frente a él solo cabría solicitar la revisión conforme a los motivos regulados en el artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para sentencias firmes.
El patronato de la Fundación está compuesta por Baker & McKennzie, Cuatrecasas, Deloitte, EY, Garrigues, KPMG, PwC y Uría y Menéndez, y en su propuesta se afirma que "los supuestos tributarios donde exista discrecionalidad técnica por lo que exista margen para la apreciación administrativa deberían ser objeto de arbitraje"
Por el contrario -estima el texto de la propuesta- los actos reglados de la Administración tributaria constituyen materia vedada a las fórmulas transaccionales en base al principio de legalidad que gobierna la materia tributaria.
Dicho acuerdo habilitado por la Ley buscaría eliminar la falta de certeza jurídica existente en numerosos supuestos controvertidos del ordenamiento tributario y que afectan a cuestiones de de hecho como son, entre otros, las valoraciones y estimaciones de ingresos y gastos o de incentivos tributarios.
El texto, publicado bajo el título de Propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español, con especial referencia al arbitraje, aboga, junto a la propuesta de solución arbitral, por introducir mecanismos que prevengan la aparición de los conflictos para evitar que después haya que poner en marcha las soluciones pacíficas.
