Barcelona, 30 mar (EFE).- El exdirigente del PSC Daniel Fernández, el concejal de Sabadell Francisco Bustos y la alcaldesa socialista de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, han pedido la suspensión de militancia del PSC después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les haya condenado a un año y cuatro meses de cárcel por tráfico de influencias.
Asimismo, Manuel Bustos, hermano del exalcalde de Sabadell, dejará el acta de concejal en el Ayuntamiento de esta ciudad, mientras que Pérez, que actualmente está de baja por maternidad, dejará de liderar a los socialistas en Montcada i Reixac aunque no repetirá como candidata.
"Como compañeros les hemos acompañado y apoyado, pero la justicia y la sentencia han sido claras", ha explicado la portavoz de los socialistas catalanes, Esther Niubó, que ha precisado que la condena aún no es firme y apoyarán a sus hasta ahora compañeros de partido si deciden recurrir.
El fallo se puede recurrir ante el Tribunal Supremo y cuenta con un voto particular del presidente de la sala y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Àngel Gimeno, que defiende la absolución del ex secretario de organización del PSC Daniel Fernández.
En este sentido, Niubó ha sostenido que será "muy importante" leer bien la sentencia del tribunal catalán y los votos particulares que contenga, aunque ha subrayado que el PSC respeta y acata la decisión.
Fernández abandonó su escaño de diputado en el Parlament de Cataluña a finales de enero tras la apertura de juicio oral en la pieza separada del Caso Mercurio por supuesto tráfico de influencias.
El ex alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, abandonó la alcaldía en 2013, cuando se le imputó en el Caso Mercurio, y anunció que se desvinculaba "totalmente" de la política en el mes de julio cuando saltó el escándalo de los presuntos sobresueldos en la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).
Hace dos semanas, la Audiencia de Barcelona archivó la causa en la que estaban imputados por malversación más de cuarenta alcaldes de la Federación de Municipios de Cataluña al considerar que los fondos recibidos y gestionados por esta entidad no tienen un carácter público.
En la sentencia publicada hoy, la sala civil y penal del alto tribunal catalán concluye que Fernández y los hermanos Bustos cometieron un delito de tráfico de influencias, por lo que les impone también cuatro años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público electivo, al presionar a Maria Elena Pérez para que contratara a dedo a una exalto cargo del tripartito, por lo que a ella le imputa un delito de prevaricación.
