El exasesor de Humala confía en que Bolivia desestimará su extradición a Perú

Lima, 20 mar (EFE).- El empresario peruano Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente Ollanta Humala, expresó hoy su confianza en que la justicia boliviana desestimará la solicitud de extradición presentada esta semana por el Gobierno de su país.

Belaunde argumentó a Radio Capital, desde La Paz, donde se encuentra detenido, que los delitos que le imputan como el peculado (apropiación indebida de fondos públicos) y la asociación ilícita para delinquir, "son falsos y además no son delitos penales en Bolivia".

"Sigo teniendo la confianza de que la justicia boliviana resolverá de esa manera, acorde a ley, y sin presiones de nadie. (...) Lucharé con mis abogados para demostrar que además, es una persecución política", indicó Belaunde.

El exasesor de Humala señaló que el presidente peruano y su esposa, Nadine Heredia, lideran una persecución política para poner su cabeza "en bandeja de plata y así salvar un problema político".

Belaunde Lossio también ofreció anoche una entrevista al Canal N en la que destacó que ordenó a sus abogados no presentarse hoy a la audiencia de la Corte Suprema de Perú, donde se sustentará el segundo cuaderno de extradición, que contempla el delito de lavado de activos.

"He dado la orden a mis abogados de que no se presenten mañana para convalidar un fraude. (...) Los vocales supremos han prevaricado porque los hechos presentados (en el primer cuaderno) por el fiscal no han sido siquiera corroborados, ni tienen indicios de prueba", acusó Belaunde.

A pedido del Gobierno peruano, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia amplió el jueves el arresto domiciliario de Belaunde Lossio por 60 días más.

El empresario se encuentra desde diciembre en Bolivia, donde la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó en dos ocasiones su solicitud de refugio.

Belaunde Lossio, quien fue asesor de Humala en la campaña electoral de 2006, está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.

La fiscalía también lo acusa de haber recibido fondos públicos del gobierno regional de Áncash para la oficina de relaciones públicas y comunicaciones, conocida como La Centralita, que dirigía en esa zona del país.

Belaunde tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014, después de que un tribunal de Perú ordenara en mayo su detención preventiva durante 18 meses, por presuntos delitos contra la administración pública, peculado y asociación ilícita para delinquir.