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Un juez abre diligencias al apreciar indicios de delito en las ayudas de la Junta a las Utedlt

Un juez de Sevilla ha incoado diligencias previas para investigar la denuncia interpuesta por la Fiscalía en relación a las ayudas por valor de 5.846.298 euros que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió "sin soporte legal que lo permitiera" a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) para financiar los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales tras la extinción de estos consorcios en 2010.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, tras ser enviada a reparto, la denuncia interpuesta por el Ministerio Público ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, cuyo titular, Carlos Mahón, ha decidido incoar este mismo viernes las diligencias previas 1.267/15 al apreciar indicios de delito en los hechos expuestos por el departamento que dirige María José Segarra.

Asimismo, y según han indicado las mismas fuentes consultadas, el juez instructor ha acordado solicitar, tal y como pedía la Fiscalía en su denuncia, diversa documentación e información relacionada con estos hechos. Según el Ministerio Público, se podrían haber cometido delitos de prevaricación, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos.

Hay que recordar que la Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias de investigación penal sobre las ayudas concedidas por la Junta a las Utedlt en base a un informe de la Cámara de Cuentas respecto a dichas unidades en el periodo 2010-2012 en el conjunto de la comunidad, tras lo que remitió a las distintas fiscalías provinciales el expediente correspondiente con las diligencias vinculadas a cada territorio.

De este modo, la Cámara de Cuentas fiscalizó las subvenciones concedidas y la forma de disolución de cuatro de las Utedlt de la provincia de Sevilla, como son las de Alcalá de Guadaíra, Bajo Guadalquivir, Sierra Norte y Tierras de Doñana, durante los años 2010, 2011 y 2012.

En la denuncia interpuesta en los juzgados, a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento que dirige María José Segarra pone de manifiesto que, por medio de un acuerdo de fecha 27 de julio de 2010, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó la extinción de los consorcios Utedlt.

Según indica la Fiscalía, "para hacer efectivo el compromiso de financiación de los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales", el SAE concedió "subvenciones de carácter excepcional" con cargo a una determinada aplicación presupuestaria y mediante resolución de la Dirección de Calidad de los Servicios y Programas para el empleo de fecha 11 de diciembre de 2012.

LAS UTEDLT

El Ministerio Público añade que estas subvenciones "se concedieron sin un soporte legal que lo permitiera" y ascendieron para el conjunto de las Utedlt a la cantidad de 5.846.298 euros, unos hechos que "en principio y sin perjuicio de una más ajustada calificación", serían a su juicio constitutivos de sendos delitos de prevaricación y malversación.

Las Uteldt son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia participadas por el SAE y las corporaciones municipales y supramunicipales, y entre sus funciones estaban promover la creación de empleo y facilitar a los ciudadanos su comunicación con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en orden a la creación de puestos de trabajo.

Así, estos consorcios están regulados en una orden de la Consejería de Empleo y sus gastos se sufragaban con subvenciones que concedía el SAE y aprobadas por el director provincial en Sevilla del SAE y por el director general de Calidades del Servicio y Programas para el Empleo del SAE.

Asimismo, estaban formadas por la "estructura básica", que la constituían el director de la misma y el personal técnico y administrativo, y la "estructura complementaria" compuesta por los Agentes Locales de Promoción y Empleo (Alpes).

LAS UTEDLT NO HAN JUSTIFICADO EL EMPLEO DE LAS SUBVENCIONES

A partir de 2009, el personal técnico y administrativo, a efectos de retribución, pasó a depender de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de manera que a partir de ese momento las subvenciones concedidas a las Utedlt serían fundamentalmente para pagar los salarios de los directores y de los Alpes, así como para pagar los incentivos por resultados a los dos grupos de personas referidos.

La Fiscalía asevera que la fiscalización de la Cámara de Cuentas ha constatado además que, por parte de las Utedlt, "no se ha justificado suficientemente el empleo de las subvenciones recibidas para el pago de los salarios, fundamentalmente a los Alpes, sin que tampoco se haya acreditado que por parte de los Alpes se hayan realizado los trabajos que justificarían el cobro de los salarios subvencionados".

Así, "no se ha acreditado suficientemente que las Utedlt que recibieron las subvenciones reunieran todos los requisitos de la orden 21 de enero de 2004", añadiendo que a partir de 2009 "no se suscribieron los contratos programas de las Utedlt, que eran los documentos donde se fijaban los objetivos a cumplir, y a pesar de eso las Utedlt cobraron subvenciones por incentivos que suponía que se habrían superado unos objetivos que no se habían fijado", subvenciones "que fueron concedidas por la Dirección General de Calidades de los Servicios y Programas para el Empleo del SAE".

A juicio de la Fiscalía, estos hechos, de su lado, podrían ser constitutivos de un delito de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y prevaricación.

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