Defienden el voto de los reclusos en Puerto Rico tras decisión de Cámara baja

San Juan, 11 mar (EFEUSA).- La senadora del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) Itzamar Peña mostró hoy su oposición al proyecto de Ley aprobado en la Cámara de Representantes que pretende eliminar el derecho al voto de ciertos reclusos en Puerto Rico.

Peña señaló en un comunicado que ese proyecto, aprobado el martes en la Cámara de Representantes y que ahora pasará al Senado para su posible ratificación antes de ser firmado por el gobernador, afectaría al proceso de rehabilitación de los presos que pueblan las cárceles de la isla.

La Cámara baja aprobó legislación para enmendar la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el objetivo de eliminar el privilegio al sufragio a toda persona convicta por algún delito grave dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, hasta tanto cumpla con la pena impuesta por el tribunal.

La medida se aplicaría para los nuevos presos a partir de la entrada en vigor de la ley, por lo que no afectará a la población carcelaria actual.

El legislador Carlos Vargas, uno de los autores del Proyecto de la Cámara 1296, indicó durante su intervención el martes que con la medida se busca "corregir un error que se cometió en el 1980, al otorgarle este privilegio a los presos".

"Si una persona pasa por un proceso legal, es condenada y convicta, además de perder la libertad no debe tener el derecho que todos tenemos en la libre comunidad de poder elegir nuestro futuro político", aseguró Vargas, tras apuntar que sólo deben ejercerlo quieres "no le han fallado a la sociedad".

El legislador Ángel Bulerín Ramos, quien también participó en la redacción del proyecto, sostuvo que en la actualidad el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene los mecanismos para la rehabilitación de los confinados, por lo que, apuntó, "el hecho de que se le prive del derecho al voto en nada afectaría a la rehabilitación".

La senadora Peña insistió en que el voto de los reclusos es un derecho adquirido que le ha servido a ese colectivo de herramienta democrática "en la búsqueda de soluciones a sus legítimos reclamos".

"Si bien es cierto que los reos son personas que le han fallado a la sociedad y tienen que cumplir pena por delitos cometidos, también lo es que se trata de seres humanos a quienes hay que garantizarles un real y efectivo proceso de rehabilitación", subrayó.

Dijo que eliminar derechos adquiridos no resuelve ningún problema y que, al contrario, ocasiona problemas mayores a un colectivo que como dijo ha sido atropellado históricamente.

La senadora recordó que la votación de la Cámara de Representantes coincide con recientes denuncias públicas sobre el supuesto maltrato a reclusos en áreas como atención médica y visitas de familiares.

"Es fundamental que la población penal pueda elegir con su voto a las personas que atiendan y presenten soluciones a los problemas que afectan al país, incluyendo sus reclamos y necesidades", concluyó.

El proyecto pasará al Senado en los próximos días, desde donde, si es ratificado, será enviado al gobernador Alejandro García Padilla para que lo convierta en ley con su firma.

Según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico de noviembre de 2013, últimos disponibles, en la isla caribeña había en esa fecha 14.582 reclusos.