
En 2014, la oficina del Defensor del Pueblo recibió un total de 23.186 escritos de queja, siendo las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos las relacionadas con asuntos sociales (rentas mínimas, prestaciones de dependencia), problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales, y retrasos en la Administración de Justicia, según se deriva del Informe Anual 2014 que la defensora, Soledad Becerril, entregó ayer al Congreso y el Senado. El estudio explica, asimismo, que de las 467 recomendaciones que la institución formuló el año pasado fueron aceptadas un 72,09 por ciento.
Así, entre otras cuestiones, explica que la reforma fiscal aprobada este año ha incluido varias de sus recomendaciones como es la eliminación la plusvalía municipal para los casos de dación en pago o que se deje exenta la ganancia patrimonial derivada de la dación en pago de la vivienda habitual en el IRPF.
También destacó la defensora que en 2014 la institución reiteró la recomendación para establecer un procedimiento de insolvencia, o ley de segunda oportunidad, para particulares y consumidores de buena fe sobreendeudados. A este respecto, recordó que el Gobierno propuso en el Debate sobre el estado de la Nación incluir esta medida para "facilitar que las familias puedan reestructurar sus deudas mediante un acuerdo extrajudicial de pagos".
Por otro lado, la institución ha recomendado ampliar el bono social a más colectivos desfavorecidos y ha pedido más garantías en el procedimiento de cortes de suministro eléctrico y los sistemas de facturación. Además, pide un IVA reducido para el gas natural y la electricidad ante el elevado número de personas a las que afecta la pobreza energética en España y por el incremento del precio.