Libertad con cargos para 3 de los detenidos en Melilla por el amaño en contratos

Melilla, 18 feb (EFE).- El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, Francisco Ramírez Peinado, ha dejado en libertad provisional tras tomarles declaración a tres de los detenidos en Melilla con una trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, entre las personas que han quedado en libertad con cargos se encuentra la gerente de la sociedad pública Promesa, Carolina Gorgé, un técnico de esta misma sociedad y una persona relacionada con una de las empresas investigadas, Himosa.

En sede judicial se encuentran al menos otros tres de los detenidos, el director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, y dos responsables de otras de las empresas relacionadas con la presunta trama, Eulen, dedicada a la seguridad privada.

En total, el procedimiento judicial afecta a 35 personas, ya que, además de los quince detenidos, el juez irá citando en los próximos días a varias personas para que presten declaración en calidad de imputados.

Entre los implicados, según las fuentes, hay políticos y técnicos de la Ciudad Autónoma, así como responsables de varias empresas, fundamentalmente relacionadas con el sector del agua y la seguridad, a quienes se relaciona con presuntos delitos contra la administración pública, como prevaricación, malversación, fraude y cohecho.

En concreto, se citará a consejeros y técnicos de tres áreas del Gobierno melillense, a los que se relaciona con estos presuntos delitos.

El objeto de la investigación, que inició la jueza María José Alcázar, anterior titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, es el de esclarecer las presuntas irregularidades de determinados órganos de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de contratación pública.

Aunque inicialmente la instrucción se centró en los contratos menores -aquellos que no exceden los 18.000 euros para la prestación de servicios o 50.000 euros para las obras-, que eran supuestamente fraccionados para eludir la contratación mediante concurso, se ha ampliado al resto de contratos en los que sí habría sido necesario un procedimiento público.

Para los investigadores, existen indicios de que podría haberse producido una "concertación previa" entre los responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la administración autonómica para determinar el resultado del concurso.

Todo ello, según las fuentes, con la connivencia entre las personas físicas y jurídicas encartadas y los responsables de la Administración contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios "recíprocos", en perjuicio del erario público.