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Catalá cumple los plazos para aprobar sus reformas legales antes del verano

  • El Consejo de Estado emite un informe muy crítico sobre el Código Mercantil
Foto: Archivo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció nada más tomar posesión de su Departamento, que los meses de marzo y abril iban a ser decisivos para la aprobación del paquete de leyes que se van a aprobar antes de que concluya la legislatura, en diciembre de este año.

El Gobierno ha elegido la vía de enmiendas para modificar las tasas judiciales en el Proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita, que van a desaparecer o se van a rebajar en la mayoría de los casos y también para encomendar la gestión del Registro Civil a los registradores, a través de una reforma que obliga a los centros sanitarios a comunicar los nacimientos y defunciones.

Informa Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista, que el Consejo de Estado ya ha emitido su informe sobre el Código Mercantil, que incluye severas críticas al capítulo que regula los contratos mercantiles. Fruto de la necesidad de acelerar los trabajos, se puede destacar el nombramiento de Antonio Pau como presidente de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación y miembro del Consejo de Estado.

Las reformas que se aprobarán en los próximos meses, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y la Ley de Jurisdicción Voluntaria, mejorarán el funcionamiento de la Justicia.

El día 17 de febrero concluyen los plazos de presentación de enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, que introducirá nuevas e importantes competencias para los registradores de la Propiedad. Además, en los próximos días se suscribirá un nuevo acuerdo para poner en marcha una tercera encomienda de gestión.

También el día 17 acaba el periodo de enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, así como del Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria. En el caso de el primero se regula la posibilidad de registrar los nacimientos desde los hospitales y en el segundo se desjudializan algunos procedimientos, que pasan a estar en manos de los notarios, secretarios judiciales y registradores. La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha abandonado en buena medida su voluntariedad y ha pasado a un sistema de tipificidad. El mismo 17 de febrero concluye el plazo de enmiendas del Proyecto de la Ley de Nacionalización de Sefarditas.

El 14 de febrero ha sido el límite para presentar enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal. En la actualidad se está elaborando un nuevo proyecto, que en esta ocasión afrontará la Segunda Oportunidad para los trabajadores autónomos. En esta ocasión, el texto base los ha realizado en Justicia. Se trata de una normativa muy limitada, que fundamentalmente busca dar un respiro a quienes fracasan en su primer proyecto mercantil y a quienes tienen deudas y necesitan un aumento de plazos de pago.

Proyectos tecnológicos

Queda pendiente el proyecto de ley que reformará el Registro Civil, enmarcado en las propuestas de Cora -Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas-, que permitirá inscribir a los nacidos mediante gestación por sustitución.

Finalmente, en Exteriores se ultima una Ley de Inmunidad diplomática y en Economía, el Código Unificado de Buen Gobierno.

En la actualidad se está procediendo a implantar el expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional y también en los juzgados de lo Civil en Cuenca, con la intención de avanzar en el objetivo de una Administración de Justicia de papel cero.

El proceso en la Audiencia Nacional se inició en 2010 con la puesta en marcha del Servicio de Digitalización Masiva que ha permitido digitalizar más de 31 millones de páginas de los procedimientos en trámite. También afectará a la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la Dirección General de Tráfico, algo que comenzará este año con las comunicaciones electrónicas de las requisitorias o comunicaciones de sentencias.

Más problemas sigue dando la adopción de una única aplicación de gestión procesal para el Ministerio y las comunidades autónomas.

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