Informe muestra el aumento del patrimonio personal de cargos públicos argentinos

Nueva York, 10 feb (EFE).- Un informe realizado por la American Task Force Argentina (AFTA) asegura que 14 cargos públicos de Argentina, incluido el precandidato presidencial Florencio Randazzo, han multiplicado su patrimonio desde que llegaron al poder.

El informe fue presentado hoy en una conferencia telefónica en la que participaron los presidentes de AFTA, Nancy Soberberg y Robert Shapiro, este último también presidente de una asociación que agrupa a acreedores estadounidenses de Argentina.

La AFTA es una agrupación cercana a los fondos especulativos que han liderado la demanda contra Argentina en los tribunales de Nueva York para el cobro de bonos de deuda pública de ese país que entraron en cese de pagos en 2001 y cuyos tenedores no se acogieron a los programas de reestructuración del Gobierno argentino.

En el informe se asegura que el precandidato oficialista para las elecciones presidenciales de este año y ministro de Interior y de Transportes, Florencio Randazzo, duplicó su riqueza entre 2008 y 2011, período en el que formaba parte del equipo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en el que aún sigue.

El texto también asegura que Juan Manuel Medina, el exjefe de gabinete de la presidenta, se convirtió "en millonario de la noche a la mañana" al ganar dos millones de pesos argentinos en 2007 (unos 231.000 dólares), mientras que sobre el secretario de Seguridad, Sergio Alejandro Berni, apunta que en cinco años ha multiplicado por 40 su patrimonio.

"Lo que estamos demostrando con este informe es un patrón sistemático de enriquecimiento. No es solo la avaricia de un individuo, sino algo del gobierno entero", aseguró Shapiro.

"Es un patrón habitual que se ve en los regímenes corruptos. El del enriquecimiento de los que están cerca de los líderes y los líderes en sí mismos mientras la condición económica del pueblo se deteriora", añadió.

El ministro de Salud, Juan Luis Manzur, junto con sus asesores Eduardo Manuel Garvich y Gabriel Eduardo Yedlin, también son blanco de esta investigación.

También están incluidos Arturo Puricelli, exministro de Defensa, Haroldo Amado Lebed (ministro de Agricultura de la provincia sureña de Río Negro entre 2013 y 2014) o Carlos Enrique Meyer, titular de Turismo del Gobierno nacional.

El informe también destaca a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior y quien asesoró tanto al presidente Néstor Kirchner como a su viuda y actual jefa de Estado, es acusado por AFTA de evasión fiscal y de mezclar los intereses de su empresa de hardware con los intereses públicos.

Oscar Alberto Martini, responsable de los registros federales en el Ministerio de Justicia; Marcio Barbosa Moreira, uno de los más cercanos a Randazzo, al igual que el funcionario de Turismo Daniel Pablo Aguilera y el empresario Horacio Gustavo Roura completan el grupo de personalidades cercanas al círculo de confianza de los Kirchner que ha investigado AFTA.

"El informe se realiza en un momento de múltiples investigaciones de corrupción en los altos cargos de Fernández, incluyendo a la propia presidenta y a su familia, así como al vicepresidente Amado Boudou", aseguran desde AFTA.

"Pero el objetivo de este informe son altos cargos que han evitado hasta el momento investigaciones completas y no han estado en el foco de interés público a pesar de las numerosas y serias preguntas que han generados sus propios registros públicos", añaden.

AFTA, además de apoyar a los acreedores que han llevado su caso a los tribunales de Nueva York, también abrió el año pasado una investigación en el estado de Nevada sobre empresarios vinculados al Gobierno argentino.

Shapiro, preguntado por la relación entre este informe y el pago de los bonos de deuda sin reestructurar a los llamados "fondos buitres", contestó que los acreedores siguen "abiertos a la negociación" y esperando "que el Gobierno argentino ponga en primer lugar el interés del pueblo argentino y vuelva a la mesa de negociación"

"Pero no hay un llamamiento a que este dinero conseguido por los altos cargos del Gobierno sea usados para recompensar a los acreedores", concluyó.