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TSJC juzgará a Fernández (PSC) desde el miércoles por una contratación a dedo

Barcelona, 25 ene (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará desde el próximo miércoles al exdiputado del PSC Daniel Fernández, la alcaldesa de Montcada i Reixac Maria Elena Pérez y el exalcalde de Sabadell Manel Bustos, por la presunta contratación a dedo de una ex alto cargo del tripartito.

Los tres cargos socialistas, así como el exconcejal de Sabadell y hermano del alcalde Francesc Bustos, afrontan una petición fiscal de dos años de cárcel y seis de inhabilitación por tráfico de influencias en la contratación de la ex alto cargo del tripartito Carmina Llumà, en una causa derivada del "caso Mercurio" de presunta corrupción urbanística.

Aunque Daniel Fernández perdió la condición de aforado al renunciar el pasado viernes a su escaño, será el TSJC quien juzgue el caso -en dos sesiones previstas para miércoles y jueves próximo, y viernes si fuera necesario-, dado que la competencia del tribunal enjuiciador se establece cuando se dicta el auto de apertura de juicio oral.

En esta derivada del "caso Mercurio", que se fundamenta en numerosas conversaciones intervenidas, los tres políticos están acusados de haber modificado ilegalmente los criterios de selección de un concurso público para que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac contratara a Llumà como responsable de Urbanismo, en lugar de la candidata que ganó el concurso público convocado al efecto.

El magistrado del TSJC Carlos Ramos -designado a propuesta del Parlament- ha sido elegido ponente del juicio y también formarán parte de la sala el presidente del alto tribunal catalán, Miguel Ángel Gimeno, y la magistrada y expresidenta de la institución María Eugenia Alegret.

El caso se remonta a abril de 2012, cuando el Ayuntamiento de Montcada i Reixac convocó el concurso público para fichar al director del área territorial de Montcada, al que se presentaron cinco aspirantes y entre ellos Carmina Llumà, quien fue descartada por la empresa de selección de personal por no superar las pruebas psicotécnicas y de idoneidad.

Según el fiscal, al enterarse de que Llumà había sido considerada no apta, Manuel Bustos buscó la "preponderancia y valimiento" de Daniel Fernández y le comunicó los problemas que había en Montcada para conseguir el fichaje de la alto cargo del tripartito.

Fernández llamó a Bustos -que tenía el teléfono intervenido porque era investigado en el "caso Mercurio"- y el diputado le dijo que se pondría en contacto con la alcaldesa de Montcada, a lo que el entonces alcalde de Sabadell le advirtió: "llámala, llámala, no te fíes porque esta niña es tonta del culo".

Según el fiscal, Daniel Fernández citó a María Elena Pérez a una reunión en la sede del PSC en Barcelona, el 18 de mayo de 2012, en la que, aprovechándose de su preponderancia y prevalimiento en el partido, le dijo que llamara a los responsables de la prueba psicotécnica para que cambiaran el "no apta" de Llumà.

Según el fiscal, María Elena Pérez siguió las directrices marcadas por Fernández y, a sabiendas de su ilegalidad, el mismo día del encuentro "interfirió en el proceso" y llamó a las responsables de la empresa de recursos humanos para citarles a una reunión en la alcaldía.

En esa reunión, a la que también acudieron la concejal de Recursos Humanos y el de Urbanismo, Pérez exigió, según el fiscal, que las técnicas de la empresa externa rebajaran las exigencias de la evaluación de Carmina Llumà, para poderla declarar como apta.

Finalmente, la alcaldesa, a sabiendas de la ilicitud de haber modificado la calificación en detrimento de la otra aspirante, nombró el 29 de mayo de 2012 a la exalto cargo del tripartito directora de área de Urbanismo, con una retribución de 52.000 euros brutos anuales, mantiene el ministerio público.

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