AI y Greenpeace denuncian un retroceso de derechos en el nuevo Código Penal

Madrid, 21 ene (EFE).- Amnistía Internacional (AI) y Greenpeace han coincidido en considerar que la aprobación hoy en el Congreso de los Diputados del proyecto de reforma del Código Penal es un retroceso para derechos como los de reunión y manifestación, así como para la libertad de expresión.

En un comunicado, Amnistía Internacional lamenta que se haya aprobado un Código Penal que a su juicio "dificulta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica y se olvida de los crímenes de derecho internacional".

Advierte de que "este nuevo Código Penal modifica los delitos contra el orden público, crea algunos nuevos y aumenta las penas contra los manifestantes sin justificación alguna".

A juicio de Amnistía Internacional, "este Código Penal supone también una oportunidad perdida para tipificar adecuadamente los crímenes de derecho internacional".

Explica que "aunque esta reforma por primera vez contempla la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad cuando se produce como parte de un plan sistemático, no se reconoce cuando se trata de un acto concreto".

Añade que "tampoco se han incluido en el texto crímenes como la ejecución extrajudicial ni se ha revisado la definición de tortura de acuerdo con los convenios internacionales de los que España forma parte, incluyendo la consideración de la violación sexual bajo custodia como tortura".

Otra preocupación de Amnistía Internacional es que se introduce la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad tras el cumplimiento efectivo de entre 25 y 30 años o 35 en caso de terrorismo "pero no se contempla cómo se garantizará la rehabilitación y reinserción de las personas condenadas tal y como recomienda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

También le preocupa que se castiga la ayuda con o sin ánimo de lucro a la entrada de extranjeros en el territorio español, "lo que puede tener impacto negativo en el derecho de asilo, y se sustituye parte de la pena de prisión por expulsión, lo que podría dar lugar a devoluciones de personas que deberían estar protegidas a sus países como víctimas de trata de personas".

"Aunque en el nuevo texto se tipifica como delito la incitación directa al odio, también se sanciona la indirecta, lo que puede vulnerar la libertad de expresión", comenta.

Por otra parte, para Amnistía Internacional "España sigue sin definir claramente los delitos de terrorismo, por lo que conductas que no tienen tal naturaleza podrían ser sancionadas de manera incompatible con las normas del derecho internacional".

Por su parte, Greenpeace señala que "tanto el Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana se sitúan en el marco del llamado derecho de peligrosidad, convirtiendo la seguridad en una prioridad de la política criminal y al Estado en el único valedor de su defensa, lo que tiene como consecuencia directa el incremento del número de infracciones".