Un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aprobara su crítico informe sobre la reforma del proceso penal en el que pone en duda la legalidad de permitir escuchas en las comunicaciones sin autorización judicial, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado su intención de suavizar esta medida.
En concreto, Catalá ha afirmado esta mañana que está "dispuesto a negociar" con el resto de fuerzas políticas la propuesta, a la luz de lo que digan los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado.
Además, ha asegurado que el Gobierno "no pretende forzar las cosas hasta el punto de la irracionalidad", si bien ha defendido su intención de extender a otros delitos, además del terrorismo, la posibilidad de que las fuerzas de seguridad intercepten conversaciones sin autorización judicial. Se trata de una posibilidad que el CGPJ considera que no es constitucional. Con todo, la autorización se pediría a un juez en un plazo de 24 horas.
En la misma línea, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que el Gobierno daría marcha atrás a la medida si el CGPJ "considera que no tiene pleno encaje constitucional".
Fernández ha sido más taxativo que el titular de Justicia y ha asegurado que si el CGPJ mantiene sus dudas sobre el encaje constitucional de la medida "renunciaremos a esta iniciativa". En este sentido, ha defendido que "ni el Ministerio de Interior ni el de Justicia tenemos intención de seguir adelante, promover o imponer una iniciativa que tenga la más mínima duda de su adecuado encaje constitucional".
El CGPJ considera ilegales las escuchas sin control judicial que propone el PP
