
Sevilla, 23 dic (EFE).- La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha dictado un auto para que la Guardia Civil obtenga de Delphi y su industria auxiliar la documentación relativa a todas las subvenciones o ayudas que recibieron.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez también reclama la documentación relativa a la subvención concedida a la fundación Altedia Creade según el convenio de 21 de diciembre de 2007 que suscribieron con el Servicio Andaluz de Empleo.
Además, pide los expedientes completos del ERE 61/2011 y ERTE 88/11 de Alestis Aerospace, SL, que afectan a contratos de antiguos trabajadores de Delphi y su industria auxiliar, y las encomiendas de gestión de 2011 y actas del Comité de Coordinación y seguimiento de las mismas.
La juez hace este encargo a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tras el oficio que ha recibido de la Intervención General del Estado, que necesita la documentación para continuar con los trabajos de la prueba pericial que tiene encomendada.
La Intervención solicita, entre otros datos, la situación actual de los 1.907 trabajadores de Delphi y su industria auxiliar afectados por el plan de recolocación con detalle del censo inicial, de los no adheridos al programa, las bajas por renuncia, por prejubilación o por incapacidad absoluta, y los recolocados.
En otro auto relativo a Delphi, la juez eleva una consulta, tras una solicitud de la Intervención General del Estado, sobre la norma estatal que debe ser aplicada como derecho supletorio para determinar la cuantía de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía en convenios firmados en 2008, 2009 y 2010.
Alaya consulta a la secretaría técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre los convenios de ayudas de carácter social garantes de un nivel mínimo de ingresos para extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar que, con al menos 53 años cumplidos, presenten mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad.
En ese mismo auto, la juez pide que se informe de la cuantía individual de dichas subvenciones y recuerda que en el ERE de 2007 se extinguió la plantilla de Delphi, compuesta por 1.520 trabajadores, y la empresa pagó las indemnizaciones por valor de 120 millones de euros.
En esas fechas, señala la juez, la Junta firmó un protocolo con CCOO, UGT, USO y CGT que tuvo 16 desarrollos posteriores, el último el 2 de noviembre de 2011, gracias al cual el Servicio Público de Empleo Estatal y la Junta subvencionaron al 50 % y por 47,5 millones de euros acciones para emplear a los despedidos.
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