El Gobierno aprobará una reforma que agilizará los macroprocesos y limitará la instrucción

Madrid, 3 dic (EFE).- El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes la reforma que agilizará los llamados macroprocesos para hacer posible instruir y juzgar los delitos sin necesidad de concatenar piezas e impedir así que los procesos se alarguen durante años, y que fijará un plazo máximo de instrucción.

Fuentes parlamentarias han informado a Efe de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) será aprobado casi con seguridad en el próximo Consejo de Ministros, dando así cumplimiento a una de las prioridades del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El texto pretende impulsar y agilizar los causas más complejas de ámbito penal que como dijo el titular de Justicia en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 15 de octubre "se alargan durante años sin que parezca que llegue nunca el día en que se dicte sentencia y, por lo tanto, se imparta una justicia efectiva".

Así, la reforma agilizará los macroprocesos mediante la separación de las piezas, que podrán instruir otros jueces de forma separada pero coordinada con la causa principal.

Se trata, según Catalá, "de imprimir agilidad y eficacia a las causas, acabando con la sensación de retardo que genera el hecho de que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años sin que en ese tiempo se puedan determinar y finalizar responsabilidades penales".

La otra gran novedad del texto estará en el establecimiento de un plazo máximo para la instrucción, de manera que se hagan compatibles las necesidades propias de la labor de investigación con la duración de los procesos.

La reforma también regulará los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, lo que facilitará la actuación de los jueces de lo penal, en particular de los jueces de la Audiencia Nacional, que en ocasiones deben "apoyar medidas de investigación que no tienen hoy un soporte en nuestra legislación", afirmó el ministro.

Según las fuentes, se trata de una "reforma parcial" de la norma ante la "imposibilidad material" por falta de tiempo para abordar una propuesta más ambiciosa como la que defendía el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, y que entregaba la instrucción de las causas a los fiscales en vez de a los jueces de instrucción.

No obstante, se tomarán algunos elementos "urgentes y necesarios" del borrador de la comisión de expertos que impulsó Ruiz-Gallardón para aprovechar ese trabajo previo que realizaron los juristas y que "no fue en vano" pues ha servido de base para este anteproyecto.

"Había que tomar medidas ya y hacer aquellas cosas que realmente se pueden hacer", precisan las fuentes, que explican que hay ciertos asuntos que urgía afrontar de manera inmediata.