La jueza rechaza la petición de archivo de dos imputados en el caso de "espías" del PP

Madrid, 27 nov (EFE).- La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha rechazado hoy la petición de sobreseimiento libre y archivo formulada por dos funcionarios imputados en el caso de presunto espionaje a políticos del PP acusados, como otros funcionarios y asesores, de un presunto delito por malversación.

En un auto fechado el pasado 22 de octubre, la jueza Carmen Valcarce rechaza la petición formulada por los imputados Jose Manuel Pinto y José Oreja, tras considerar insuficientes sus alegatos y recordar que en dos ocasiones la Audiencia Provincial denegó el sobreseimiento ordenado por ella por dos veces e interesó nuevas actuaciones.

Los funcionarios pueden presentar un recurso de apelación contra la decisión de la jueza ante la Audiencia Provincial.

El caso investiga un presunto delito por malversación de fondos públicos por parte de cuatro funcionarios y asesores de la Comunidad de Madrid que supuestamente utilizaron teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros.

En marzo de 2011, la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid reabrió este caso a raíz de un recurso del PSM, al estimar que no existían motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de la causa porque había "indicios suficientes" de la comisión de delito de malversación de caudales públicos.

Esta decisión anulaba el sobreseimiento dictado en julio de 2010 por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce.

Los imputados en este caso son los funcionarios Sergio Gamón Serrano, José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez, que negaron haber realizado seguimientos.

A raíz de este caso declaró el pasado mes de septiembre el exconsejero de Presidencia Francisco Granados -encarcelado a día de hoy con motivo de la operación Púnica-, que declaró ante el juez que investiga los presuntos espionajes a políticos en 2008 que ni tenía constancia de que éstos se llevasen a cabo ni le fueron comunicados en ningún momento, según informan fuentes jurídicas.

Granados declaró como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid durante aproximadamente una hora.

La magistrada le citó en julio para que explicara si, como declararon los tres guardias civiles y los dos funcionarios regionales imputados, hubo reuniones en las que reconoció que sabía de los seguimientos que se supuestamente se hicieron en 2008 a Cobo y a Prada, entre otros políticos madrileños.