El fiscal general del Estado, Eduardo Torres -Dulce, planteó ayer en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados una serie de medidas legislativas que considera urgentes para hacer más operativos los juicios rápidos, en el que se califican el 68 por ciento de los procedimientos incoados, lo que representa casi la mitad del número total de calificaciones que han sido evacuadas por la Fiscalía (47 por ciento) y en el que, además, se logra una solución consensuada en un 80 por ciento de los asuntos calificados.
Entre las propuestas de Torres-Dulce destaca la posibilidad de que la incoación de este procedimiento pueda hacerse a instancia del fiscal y que se disponga que las diligencias de investigación interesadas por el fiscal por estimarlas imprescindibles para formular acusación tengan carácter vinculante para el juez.
También, incluyó en su paquete de demandas que se suprima el límite de cinco años de pena privativa de libertad asociada al delito para que puedan ser objeto de esta tramitación hechos de instrucción sencilla, fijando como límite el propio de las diligencias previas de procedimiento abreviado (nueve años de pena privativa de libertad).
Extender -por otra parte- la conformidad privilegiada (la que conlleva minoración de la pena en un tercio) a peticiones de penas superiores a tres años para incrementar el número de soluciones consensuadas y la tarea investigadora se podría concentrar en aquellos asuntos de mayor relevancia.
Reducir la competencia objetiva del Tribunal del Jurado sacando de su ámbito los delitos de instrucción sencilla, allanamiento de morada, o amenazas condicionales que pueden beneficiarse del enjuiciamiento rápido.
Y, finalmente, crear órganos de enjuiciamiento de guardia (Juzgados de lo Penal) para solventar los juicios rápidos en los que no se ha producido la conformidad.
