El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García, compareció ayer en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, para presentar, entre otros, el informe de Fiscalización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Carencias de control interno, ausencia de motivación en la adjudicación de los contratos, gastos de representación injustificados y nombramientos a dedo", son algunas de las críticas que este demoledor informe hace al CGPJ. El Tribunal también denuncia el "superávit" presupuestario de las asociaciones judiciales, la excesiva presupuestación del Consejo (la ejecución de las cuentas fue sólo del 78 por ciento), así como los gastos indebidos a personal ajeno al Consejo, como conductores y personal de seguridad.
Eso sí, aunque el informe se aprobó el pasado julio y acaba de presentarse en la Comisión, se refiere al ejercicio del año 2010, cuando el Consejo estaba presidido por Carlos Dívar, protagonista del escándalo por sus viajes de fines de semana a Marbella sin justificar. Un escándalo, no obstante, que derivó en la inspección del Tribunal y obligó al Pleno del CGPJ a poner en marcha medidas de transparencia y nuevas regulaciones más contundentes, para solucionar las deficiencias de control.
Precisamente, Álvarez reconoció ayer que las nuevas normas "han solventado las irregularidades del régimen de contratación y gastos" en la gestión actual del Consejo, "porque donde antes no había regulación ahora existe".
Lo cierto es que el actual CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, ha modificado la regulación de los viajes, cuenta con un portal de transparencia en su web y ha publicado en el BOE las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones.
Con todo, explicó Álvarez que, a su juicio, sería recomendable que el órgano de gobierno de los jueces dispusiera de "oficinas contables" para proporcionar "transparencia y claridad en su gestión" y contara con "una fiscalización de carácter previo". Y arremetió contra la "injustificada" póliza de seguro aún vigente para cubrir la responsabilidad civil por los delitos dolosos cometidos por los jueces en el ejercicio de sus cargos.
Golpe a los Ayuntamientos
Álvarez presentó también el informe de Fiscalización sobre las actuaciones realizadas por los Ayuntamientos con cargo al Fondo Estatal para el Empleo.
Aseguró que "se trata de una medida anticrisis que ha fracasado en sus objetivos, especialmente en cuanto a su propósito de paliar la caída del empleo". En cuanto a los posibles desmanes de los ayuntamientos, recordó que el Ministerio Fiscal ha formulado diversas peticiones de actuación por eventuales supuestos de prevaricación y malversación".
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