El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inició el pasado jueves las reuniones con representantes del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para iniciar las conversaciones necesarias para crear una comisión mixta encargada de la mejora del Registro Civil, que garantice la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos y, por supuesto, la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección.
El ministro ya anunció en la Comisión de Justicia del Congreso que el funcionamiento eficaz del Registro Civil es imprescindible para mejorar la Justicia como servicio público, por lo que se procederá a su desjudicialización, como preveía la Ley 20/2011, del Registro Civil, aprobada por el PSOE.
Esta reunión se incluye en la modificación del anteproyecto de ley que hasta el momento desarrollaba la Dirección General de los Registros y del notariado (DGRN), bajo la dirección del registrador Joaquín Rodríguez, que ha sido ratificado en el puesto.
Los registradores seguirán siendo el cuerpo designado para la gestión del Registro Civil, pero se revisará el proyecto concebido desde un principio, mediante el diálogo con el Colegio, sin necesidad de crear la Corporación Pública prevista para articular este proceso, tal y como estaba estipulado, ni tampoco, a través de la creación de un cuerpo intermedio de registradores Mercantiles y Civiles.
Así, se ha constituido una Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores encargada de diseñar un sistema que haga posible la máxima mejora del servicio con los recursos existentes, así como la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección.
La Junta de Gobierno del Colegio de Registradores ha iniciado la conformación de comisiones internas de trabajo para desarrollar el nuevo proyecto, que tendrá que estar perfilado, como muy tarde a principios del año que viene, puesto que la legislatura concluirá exactamente dentro de un año, con la convocatoria de las elecciones generales de noviembre de 2015.
El Colegio será el encargado de mantener el Registro en su plataforma informática. A este respecto, elEconomista ha podido saber que como no existía ningún documento firmado entre la Dirección General de los Registros y del Notariado con las empresas que se presentaron al concurso, el trabajo realizado por Isdefe, Indra y Telefónica podrá ser aprovechado por el Colegio de Registradores, si así lo estima oportuno o, si lo decidiese, trabajar directamente con ellos.
El Registro Civil será protagonista, además, de algunas de las medidas propuestas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora), y que ya se están desarrollando mediante reformas legislativas remitidas a las Cortes. Entre ellas figura la que permitirá la tramitación electrónica desde los centros sanitarios tanto de los nacimientos como de las defunciones.
Las centrales sindicales, mientras tanto, siguen pidiendo explicaciones sobre lo que consideran una privatización del Registro Civil y han mostrado a Catalá su oposición a esta decisión.
Convocatoria de concurso
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba ayer la convocatoria del Ministerio de Justicia de un concurso en el que se ofrecen las 41 vacantes radicadas en el territorio español en la actualidad, a excepción de las ubicadas en Cataluña, que tiene traspasadas las competencias y cuya convocatoria también se publicaba ayer para un total de siete plazas.
Paralelamente, se convocaba ayer otro concurso, en este caso para dotar las 281 plazas vacantes de notarías radicadas en el territorio español al día precedente a la fecha de la presente Resolución, así como las 84 ubicadas en Cataluña.
