Jueces, procuradores, abogados, notarios, secretarios judiciales, registradores, sindicatos, asociaciones, colegios profesionales y los demás sectores que componen el mundo de la Justicia mostraban ayer su ilusión y esperanza de que las más polémicas leyes en vigor, los proyectos, anteproyectos y borradores que Alberto Ruiz-Gallardón ha dejado en herencia a su sustituto, Rafael Catalá, entren en una fase de diálogo para lograr cambiarlos.
"Os convoco a alcanzar un gran acuerdo que permita el desarrollo equilibrado de las reformas pendientes" afirmó Catalá en su alocución, tras el traspaso simbólico de la cartera, realizado ayer en el Palacio de Parcent, una de las sedes del Ministerio de Justicia. Antes, Rafael Catalá había acudido al Palacio de la Zarzuela, donde en el Salón de Audiencias juró su cargo ante el Rey Felipe VI.
El ministro se dirigió a todos los operadores jurídicos presentes en la sala, para pedirles su colaboración a cambio de ofrecerles "diálogo, lealtad y voluntad de consenso. "Seguro que desde el diálogo y la búsqueda del consenso y acuerdos comunes seremos capaces de alcanzar puntos de encuentro".
Explicó que ante la gran apuesta legislativa de su antecesor llega ahora un periodo en el que se deben fijar prioridades, entre las que citó: la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la mejora de los sistemas de justicia gratuita, la "mejor versión" final de la Ley de Servicios Profesionales y la implantación de un sistema eficaz y ágil de Registro Civil.
Este listado de normas conforma, tal y como explica Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista, en su actual número, el núcleo duro de la complicada herencia del ministro Ruiz-Gallardón.
Promesa de análisis y mejora
Sin embargo, el anuncio de que emprenderá el "análisis y la mejora de la Ley de Tasas Judiciales", que ha recibido el rechazo unánime del mundo de la Justicia, fue lo más celebrado de su intervención.
Esta norma, aprobada por el Parlamento con el único apoyo del PP, en la actualidad se encuentra pendiente del fallo de Tribunal Constitucional sobre si la exclusión de gran parte de la ciudadanía a los recursos atenta contra el derecho fundamental de acceso a la Justicia, reconocido en la Carta Magna.
Finalmente, Catalá aludió a la conveniencia de dotar plazas de jueces y fiscales para jóvenes opositores que están sin destino. Manifestó estar seguro de que "desde el dialogo y la búsqueda del consenso, con el esfuerzo por la búsqueda de acuerdos comunes, seremos capaces de encontrar puntos de encuentro en todas estas cuestiones".
Un buen ejemplo de la esperanza generada por las palabras del ministro la daba ayer el sindicato CSI-F, que momentos después de la toma de posesión solicitaba oficialmente una reunión urgente con el nuevo ministro, en la esperanza de que "haga efectivas las palabras que ha pronunciado en su toma de posesión respecto a la pronta y estrecha colaboración con los agentes judiciales y su vocación de servicio a la Administración Pública".
Consulta independentista
La toma de posesión en Zarzuela se celebró antes del inicio del Consejo de Ministros en el que se aprobaron los recursos contra la consulta independentista de Cataluña del presidente de la Generalitat, Artur Mas. El primero al que asistía.
En el acto celebrado ante el Rey Felipe VI estuvieron presentes: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ejerció como Notaria Mayor del Reino; así como los titulares de Defensa, Pedro Morenés; Exteriores, José Manuel García-Margallo; y Fomento, Ana Pastor.
