El exconseller de UCD defiende la "eficiencia" de los cursos de Pallerols

Barcelona, 18 sep (EFE).- El exconseller de Trabajo Ignasi Farreres (UDC) ha defendido hoy la "eficiencia" de los cursos de formación para parados cuyos costes infló presuntamente el empresario Fidel Pallerols, entre los años 1996 y 1998, para defraudar a la Hacienda Pública más de un millón de euros.

En la Audiencia de Barcelona ha comenzado hoy el juicio contra el empresario andorrano, que precisamente fue condenado a siete meses de prisión por desviar a UDC subvenciones públicas para parados a través de los cursos de formación que organizaba, un caso por el que permaneció entre rejas apenas unas semanas, ya que desde julio pasado disfruta del régimen abierto.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía pide quince años de prisión para el empresario por seis delitos contra la Hacienda Pública, cometidos al inflar artificialmente los gastos de los cursos de formación subvencionados que organizaba mediante la compra de material didáctico a precio desorbitado a una matriz suya afincada en Andorra.

Inicialmente, el ministerio público estimaba en 1,2 millones de euros la cantidad defraudada por Pallerols, pero esa cantidad podría reducirse sensiblemente -siempre superando el millón de euros- con los nuevos cálculos que las peritos han realizado en base a la sentencia por el desvío de fondos a UDC, por lo que podría decaer uno de los seis delitos de fraude de que se acusa al empresario.

En su declaración en el juicio, Pallerols ha asegurado que el material didáctico con el que presuntamente se inflaban los gastos deducibles era "de mucha calidad", ya que formaban parte de una "metodología pedagógica asistida por ordenador" que su empresa matriz de Andorra había desarrollado.

De hecho, Fidel Pallerols ha afirmado que "nunca" ganó dinero con los cursos subvencionados y que, si los impartía a través de sus academias, era con el fin de levantar una "plataforma formativa" que les permitiera expandirse en el extranjero, fundamentalmente en América Latina.

En ese sentido, el empresario ha precisado que disponía de otras fuentes de ingresos, derivadas de una maderera que tenía en Brasil con 2.000 empleados, así como de otras compañías vinculadas a las comunicaciones y la informática: "Hicimos el software de la administración de justicia de Andorra", ha añadido.

A propuesta de la defensa de Pallerols, en el juicio ha declarado como testigo Ignasi Farreres, que entre los años 1988 y 1999 fue conseller de Trabajo -el departamento que concedía las subvenciones europeas para parados- y en 2009 fue juzgado y absuelto del desvío de fondos a un empresario próximo a UDC.

Farreres ha asegurado hoy que los cursos de formación de Pallerols "funcionaban muy bien" y ha resaltado la "categoría de las instalaciones" de sus academias y "sobre todo la eficiencia demostrada" al lograr la colocación de personas desempleadas.

El conseller ha recordado que asistió a actos de reconocimiento público a la labor desempeñada por los centros de Pallerols y ha resaltado que las distinciones que se le concedieron obedecían a la "eficacia" de sus cursos de formación, ya que se otorgaban "en función del empleo conseguido por los asistentes".

En el juicio, que proseguirá el próximo 15 de octubre, ha declarado también el inspector de Hacienda que examinó la contabilidad de las empresas de Pallerols, quien mantiene que el material que el acusado importaba de Andorra tenía una "valoración desorbitada": suponía un 60 % del total de subvenciones otorgadas, mientras que en el resto de empresas del sector representaba del 4,2 al 4,5 %.

Según este inspector, el material didáctico investigado era "fotocopiado y repetitivo, sin demasiada especificidad" y Pallerols había montado, a su juicio, "una estructura encaminada a engrosar exageradamente el gasto" de cara a obtener beneficios fiscales.

Al inicio del juicio, la defensa de Pallerols ha planteado varias cuestiones para forzar la absolución del empresario, que el tribunal resolverá en sentencia, entre ellas que la causa habría prescrito al haber estado paralizada siete años desde su apertura den 2001 y que el registro de su domicilio de La Seu d'Urgell (Lleida) en que la Guardia Civil se incautó de documentación sobre sus negocios carecía de cobertura judicial.