Declaran inconstitucional el requisito de la estatura para ser policía en Bolivia

La Paz, 15 sep (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia declaró inconstitucional que la Universidad Policial (Unipol) exija como requisito a los postulantes varones una estatura mínima de 1,70 metros y a las mujeres 1,60 metros, cuando el promedio del tamaño de los bolivianos es menor, informó hoy una fuente oficial.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo en una rueda de prensa que fue notificado con una sentencia en ese sentido en respuesta a una impugnación que presentó en 2013 ante el tribunal contra esa exigencia y otras de la Unipol para los aspirantes.

Según Villena, el TC argumentó que esa exigencia sobre la estatura no tomaba en cuenta que la media en Bolivia es de 1,60 metros para varones y de 1,45 metros para mujeres, por lo que la universidad afectaba los derechos de una mayoría, en especial de los postulantes de pueblos indígenas, cuyos tamaños son menores.

El alto tribunal también resolvió que son ilegales las exigencias de que un aspirante a la universidad policial no debe estar casado, ni tener descendencia, tatuajes, marcas o señales visibles en sus cuerpos.

Asimismo, el TC rechazó que esa casa superior de estudios exija que un aspirante y sus padres no tengan antecedentes policiales.

Según destacó Villena, la resolución constitucional es un logro de la "valentía que tuvieron los jóvenes y señoritas" que fueron excluidas anteriormente y que exigieron respeto a sus derechos para no ser discriminados en la Universidad Policial.

"Creemos que el fallo del alto Tribunal no es en contra de la Policía, sino a favor de los y las jóvenes bolivianos", agregó al subrayar la importancia de la decisión para los derechos humanos.

La estatura exigida no asegura que la persona se encuentre físicamente apta para defender a la sociedad, tampoco el ser soltero o no tener descendencia, ya que las funciones pueden ser cumplidas con independencia de su estado civil, agregó el Defensor del Pueblo.

Según un comunicado de la Defensoría, las prohibiciones ahora anuladas sobre el estado civil y la descendencia eran lesivas a los derechos de las familias, la educación y el libre desarrollo de la personalidad y, en la práctica, consideraban a las familias un obstáculo para lograr una formación profesional.