Jueza retiene la competencia en la causa del nieto de Estela de Carlotto

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- La jueza argentina María Servini de Cubría resolvió hoy mantener su competencia en la investigación por la apropiación del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, durante la última dictadura militar, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, la magistrada, con sede judicial en buenos Aires, rechazó el pedido para que el caso pase a ser investigado por un juzgado de la ciudad bonaerense de La Plata.

En su fallo, Servini resolvió "mantener la competencia de esta judicatura" en la causa que investiga la sustracción del joven criado con la identidad de Ignacio Hurban y sustraído a su madre, Laura Carlotto, tras su nacimiento en cautiverio durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

El juez federal de La Plata, Manuel Humberto Blanco, fallecido recientemente, había remitido el pasado mes de agosto un oficio de inhibición reclamando la competencia en el caso.

La causa investiga a la pareja que crió a Ignacio Hurban, hoy identificado como Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, y el médico que firmó el acta falsa de su nacimiento.

La jueza María Servini de Cubría cambió la carátula de la causa por la apropiación de Ignacio Guido e imputó a quienes lo criaron, Clemente Hurban y Juana María Rodríguez, dos trabajadores rurales de la localidad bonaerense de Olavarría.

También imputó por "sustracción de menores" y "supresión del estado civil" a Julio Luis Sacher, quien al momento del nacimiento de Ignacio Guido, en 1978, era médico de la Policía bonaerense de Olavarría y cuya firma figura en el acta apócrifa de nacimiento como quien constató el alumbramiento.

La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había presentado un escrito ante Servini de Cubría para dar su consentimiento a la petición del juez Manuel Blanco.

En la ciudad de La Plata fue secuestrada Laura Carlotto, hija de Estela, cuando apenas cursaba un embarazo, y llevada al campo clandestino de detención de La Cacha, donde se presume que estuvo desde diciembre de 1977 hasta el 25 de agosto de 1978, cuando fue asesinada.

El juez Blanco había solicitado a Servini que le remitiera la causa porque el sitio donde presuntamente se cometieron los delitos bajo investigación están en la jurisdicción de La Plata.