Parla, 1 ago (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento de Parla debate hoy una moción del PP que pide la dimisión del alcalde, el socialista José María Fraile, después de que la semana pasada un Juzgado acordase la apertura de juicio oral por los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia.
El auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla, contra el que no cabe recurso, considera que hay "indicios racionales de criminalidad" en la actuación de José María Fraile, al que acusa de prevaricación administrativa al destituir en el año 2009 al jefe de Policía Local, Eduardo Fernández, de forma "irregular".
Además, le atribuye un "delito continuado de desobediencia" a la Justicia, por no restituirle en su puesto, pese a "las exigencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo".
El presidente del PP de Parla, Miguel Ángel López, ha argumentado que "la dimisión de Fraile es de sentido común, ya que Parla y los parleños no tienen por qué sufrir a un alcalde procesado por graves delitos, y además en este caso es tan de cajón que hasta el nuevo y máximo representante de su partido se comprometió a que si a un político socialista se le abre juicio oral, tendría que dimitir".
El líder de la oposición ha hecho estas declaraciones en relación a unas palabras del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien manifestó públicamente que cualquier cargo socialista al que se le abriera juicio oral debería presentar su dimisión.
"Este viernes es un día clave para que quede claro dónde está cada grupo de este Pleno. Los vecinos van a ver algo muy sencillo: quiénes no queremos que Parla soporte a un alcalde procesado y quiénes son capaces de apoyarlo con tal de seguir cobrando sus 3.000 euros al mes", ha denunciado.
Miguel Ángel López ha señalado a los cuatro concejales de IU, de quienes dependerá que se apruebe o no la moción al deshacer el empate a once ediles entre PSOE y PP, "pero mantienen un pacto de sueldos con los socialistas por el cual cobran 3.000 euros brutos al mes, pese a no formar parte del equipo de Gobierno desde noviembre de 2011".
La Fiscalía impone diez meses de multa, con una cuota mensual de 100 euros, para José María Fraile además de para el entonces concejal de Seguridad, Mariano Sánchez; solicita un año y medio de inhabilitación en cargo público para ambos; y una fianza con carácter solidario de 80.000 euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias".
Por su parte, la acusación (el jefe de Policía destituido y nunca restituido en su puesto) pide dos años y medio de cárcel por coacciones; una inhabilitación de nueve años en cargo público por prevaricación; y una indemnización de 300.000 euros por "daños físicos, psíquicos y morales".
