La juez admite la denuncia de Manos Limpias contra Jordi Pujol y su esposa

Barcelona, 31 jul (EFE).- Una juez de Barcelona ha admitido la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en contra del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, a raíz de su confesión de que ocultó una fortuna en el extranjero durante 34 años, y contra su esposa, Marta Ferrusola, como cómplice.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, a la que recayó por reparto la denuncia de Manos Limpias, ha acordado abrir diligencias previas y notificar su decisión a la fiscalía.

Según han informado Efe fuentes judiciales, una vez que la fiscalía se haya posicionado, la juez decidirá, entre otras opciones, si rechaza la denuncia, si abre una investigación o si se inhibe a favor de la Audiencia Nacional, donde ya se sigue una causa contra Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresidente catalán.

En su escrito, presentado en los juzgados el pasado lunes, Manos Limpias denuncia al expresidente catalán Jordi Pujol por los delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo de capitales, y a su esposa Marta Ferrusola como cómplice y encubridora.

En la denuncia, Manos Limpias pedía que se abriera una investigación judicial a raíz de la confesión de Pujol y que, entre otras diligencias, se cite a declarar al expresident y a su esposa, y se reclame a Hacienda que aporte al juzgado las declaraciones de los últimos cinco años del matrimonio.

En su escrito, Manos Limpias apuntaba a un informe del grupo de la Policía Nacional contra delitos económicos (UDEF) según el cual durante la etapa de gobierno de Pujol -que estuvo entre 1980 y 2003 al frente de la Generalitat- se cobraban comisiones del 4% para la adjudicación de obra pública, del que supuestamente el 2,5% iba para financiar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el otro 1,5% a los bolsillos de la familia Pujol.

Manos Limpias precisaba en su denuncia que el contenido de este supuesto informe de la UDEF fue publicado por el periódico El Mundo y que no ha sido desmentido.

Además, el sindicato incidía en su denuncia en que la Policía supuestamente atribuye parte del dinero que la familia Pujol podría tener en paraísos fiscales al cobro sistemático de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol.

En su escrito, Manos Limpias recordaba además la denuncia pública que hizo en el Parlament el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall, en el sentido de que el ejecutivo de Jordi Pujol cobraba comisiones del 3%: "ustedes tienen un problema que se llama 3%", soltó en 2005 el entonces presidente Maragall, dirigiéndose a la bancada convergente.

Además, Manos Limpias sostenía en su escrito que el gobierno catalán encargó durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol varios contratos a empresas vinculadas a su familia, como Hidroplant (fundada por Marta Ferrusola) o el despacho de arquitectura de una de sus hijas, Marta, que trabajó para la administración autonómica.

En la denuncia, el sindicato apreciaba indicios de que, al dinero procedente de la herencia del padre de Jordi Pujol, se han ido acumulando ingentes cantidades de capitales, cuyo origen no determinaba.

Por todo ello, Manos Limpias considera que Jordi Pujol pudo haber incurrido en los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.

Según el sindicato, también se tendría que actuar judicialmente contra la esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, como cómplice y encubridora.

En el auto, la juez argumenta que, al no estar determinada la naturaleza ni las circunstancias de los hechos descritos en la denuncia de Manos Limpias, ni las personas que han intervenido en ellos, procede instruir diligencias previas y practicar las diligencias encaminadas a comprobar los hechos.

Por este motivo, acuerda admitir la denuncia y comunicar su decisión al ministerio fiscal y, en su caso, a las partes personadas, para que, si lo creen oportuno, puedan recurrir su decisión. EFE.