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El Consejo Económico y Social de la UE respalda la colegiación obligatoria

Foto: Archivo

Cuando todo apunta a que en breve llegará al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales -que limita la colegiación obligatoria únicamente a aquellos juristas que actúen ante los tribunales excluyendo a los letrados y graduados sociales que prestan asesoramiento jurídico-, el Comité Económico y Social Europeo (Cese), ha dado un espaldarazo a la colegiación obligatoria.

En concreto, el Comité ha publicado un dictamen sobre El papel y el futuro de las profesiones liberales en la sociedad civil europea de 2020 donde sostiene que "la colegiación obligatoria -y su correlativa intromisión en la libertad de la práctica profesional- está justificada por un interés público superior".

Asegura que en todos los Estados de la UE, las asociaciones profesionales o los colegios profesionales "garantizan, mediante una cooperación continua y activa con las instituciones, la protección de los intereses generales de los ciudadanos y del Estado". Por si esto fuera poco, en la misma línea, defiende que "la autorregulación de la profesión por sus miembros logra la libertad de la interferencia del Gobierno y garantiza su vinculación con el bien común y, por lo tanto, beneficia a los clientes y consumidores".

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Regulación de precios

En esta misma línea, el CESE insta a los Estados a que primen siempre la calidad del servicio sobre la obtención del máximo beneficio.

De este modo, continúa el dictamen, "el objetivo de cualquier regulación debe ser garantizar que en todo el territorio se presten unos servicios altamente cualificados con unos requisitos de calidad muy elevados (...) y no atender únicamente a consideraciones económicas".

Para ello, recuerda que, tal y como señala la Directiva de Servicios, "es necesario elaborar códigos de conducta con el fin de poner de relieve y garantizar los elevados requisitos para la prestación de servicios por parte de las profesiones en toda Europa".

Por ello, recomienda que todos los colegios, organizaciones o asociaciones de profesiones liberales "se doten de códigos deontológicos y normas éticas de conducta, así como de comisiones de ética permanentes en cada una de las profesiones". Asimismo, insta a los colegios y asociaciones profesionales a elaborar códigos éticos europeos, "con el fin de poner de relieve y garantizar los elevados requisitos para la prestación de servicios por parte de las profesiones liberales en toda Europa".

A este respecto, señala que para determinadas profesiones existe en muchos países una regulación de precios, que puede servir para proteger a los consumidores. Eso sí, advierte de que estas regulaciones "necesitan justificación y deben establecerse de tal forma que sirvan a los intereses públicos y no a los de un grupo específico".

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