El Congreso insta a incluir a los afectados en el Estatuto de la Víctima y a que la Oficina de Atención presente un informe anual
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a profundizar en la labor de apoyo a las víctimas del 'robo de bebés' y a facilitar su acceso a la información de las Administraciones a fin de que puedan recogerla en expedientes personales susceptibles de ser presentados como medio de prueba ante los juzgados.
La Cámara Baja ha aprobado este martes por unanimidad una proposición no de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha destacado que el Gobierno "ha hecho mucho y bien" para "hacer justicia" y facilitar los reencuentros y le ha invitado a seguir "profundizando en esa tarea para reparar el daño causado y evitar que en el futuro se vuelva a repetir la sensación de incertidumbre y zozobra" que viven las víctimas.
La iniciativa, defendida por el diputado 'popular' José López Garrido, pide que se proteja a este colectivo en el inminente Estatuto de la Víctima y que el Ejecutivo siga desarrollando la base de datos genéticos, creada en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
El PP defiende que los afectados tengan información y que se facilite su acceso a los documentos y datos de las Administraciones Públicas, siempre y cuando no se trate de información "protegida o que afecte al contenido de la investigación o a la identidad de las personas investigadas o al secreto del sumario".
Esto, con el objetivo de elaborar un expediente, con los resultados que se hayan podido alcanzar, para que las víctimas puedan presentarlo como medio de prueba en los procesos judiciales.
ESCLARECER LAS DENUNCIAS
La iniciativa del PP conmina también a la Oficina de atención a los casos de bebés robados a presentar un informe anual sobre sus actividades y a seguir "profundizando" en las actuaciones tendentes a esclarecer las denuncias que han presentado en los tribunales.
El PP constata que los casos de robo de bebés han conmocionado a la sociedad española. Según explica, mujeres en riesgo de exclusión social sufría estas sustracciones tras dar a luz bajo los efectos de la sedación.
"Una vez recuperadas de ésta, eran informadas por el médico, enfermera, matrona u otro personal de asistencia a la parturienta, de que su hijo o hija había fallecido y que era importante que no lo viera, porque ello le podía causar un trauma", prosigue.
"Posteriormente, se les informaba de que se le organizarían todos los trámites burocráticos necesarios, como el certificado de fallecimiento y su inscripción, así como todos aquellos concernientes al enterramiento. De esta manera, se daba lugar a la falsificación de las partidas y se procedía a la adopción irregular, entregando al bebé en algunos casos a cambio de precio", concluye el grupo parlamentario.
