El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha instado a la Fiscalía a investigar si el Ministerio del Interior vulneró la ley al permitir que soldados marroquíes accedieran al islote español de Perejil para devolver a trece subsaharianos al reino alauí "sin el cumplimiento de ninguna formalidad legal".
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Por ello, ha emplazado a la Fiscalía General del Estado que esclarezca estos hechos para depurar cualquier tipo de responsabilidad, "individual y colegiada", en la que se pueda haber incurrido y ha criticado que no se hayan respetado los derechos de los trece inmigrantes llegados a territorio español.
"Hace pocos años el Gobierno montó un gran operativo militar para defender la soberanía nacional en ese mismo islote. Ayer, sin que de momento se haya dado una explicación, se permitió a la Policía marroquí acceder a ese mismo territorio", advierte en un comunicado, donde añade que este proceder elude las obligaciones que la Constitución, los tratados internacionales y la ley exige a las autoridades españolas.
La Abogacía expone que la "gravedad" de las autoridades españolas se intensifica ante el hecho de que el grupo, entre quienes había menores de edad, procedía de una zona de conflicto como es la República Centroafricana y habría demandado asistencia letrada para tener asilo y proteger sus derechos fundamentales.
DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN SUELO ESPAÑOL
Según ha informado, el Colegio de Abogados de Ceuta comunicó este lunes a la Delegación del Gobierno la puesta a disposición de estas personas de los abogados del turno de Oficio que necesitaran.
"El interés general sólo puede ser el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales, que pasa por el derecho de los migrantes a ser oídos y defendidos con la asistencia de un abogado, tal y como la Ley exige, sean cuáles sean las condiciones en que se produce su entrada al territorio de un Estado de Derecho", añade.
Así las cosas, la Subcomisión de Extranjería de la Abogacía Española espera que inmediatamente se restaure la legalidad y se garantice a las personas entregadas a Marruecos desde territorio español los derechos fundamentales que la Constitución y las leyes españolas otorgan a "cualquier persona que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado español".
