El Consejo de Estado recalca que la reforma local puede tensionar la autonomía municipal

Madrid, 29 may (EFE).- El Consejo de Estado ha emitido un informe en el que insiste en que la reforma local puede tensionar la autonomía de los municipios, en respuesta al conflicto presentado por 3.000 ayuntamientos que quieren recurrir esa ley al Tribunal Constitucional.

Fuentes del Consejo de Estado han indicado a Efe que el informe, aprobado la semana pasada, señala efectivamente aspectos de conflicto con la autonomía local y han recalcado que están en consonancia con el dictamen que el máximo órgano consultivo del Ejecutivo hizo en julio de 2013 sobre el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Por lo tanto, han insistido, el informe no aporta novedad sobre el dictamen de la institución a la ley en el que el Consejo de Estado fijó criterios claros sobre la autonomía local.

Las fuentes han señalado que el informe que el Consejo de Estado es preceptivo ante el conflicto de defensa de la autonomía local que plantearon los 3.000 ayuntamientos, puesto que han anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Esos ayuntamientos, gobernados por todas las fuerzas políticas menos el PP y el PNV, plantearon el conflicto en defensa de su autonomía local.

El requisito para interponer el recurso era que lo suscribieran una séptima parte del total de ayuntamientos -1.160 de los 8.116 existentes-, y representaran a una sexta parte de la población, 7,6 millones de ciudadanos.

En su dictamen de julio de 2013, el Consejo de Estado advertía de que la reforma local conllevaría un "marco competencial más estrecho", "una considerable restricción" y el "debilitamiento" de la autonomía municipal.

El Consejo era crítico con el llamado "coste estándar" de los servicios, porque podía "considerarse como una habilitación en blanco" al Gobierno, al que aconsejó que lo regulara debidamente, como así hizo posteriormente.

El informe del organismo, preceptivo pero no vinculante, aseguraba que la reforma podría provocar un "debilitamiento de la autonomía municipal" por la traslación competencial a las diputaciones provinciales, entidades que, recalcaba, son de "representación indirecta".