
Sevilla, 26 may (EFE).- La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha confirmado la fianza civil de 80.000 euros impuesta a Rocío Sayago, secretaria adjunta del ex director general de Trabajo, acusada de conocer la "arbitrariedad" de las subvenciones y haber obtenido una ayuda de 60.000 euros para la empresa de su marido.
La juez Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que Sayago era "conocedora de la ausencia absoluta de procedimiento, carencia de solicitudes, de documentación justificativa para la concesión, en la línea de la absoluta discreción y arbitrariedad" en las ayudas investigadas.
Para darse cuenta de ello "no se necesitan conocimientos especiales" sino que se trataba de una "actuación al margen de lo normal o adecuado para cualquier ciudadano medio", dice la juez.
Por ello, confirma la fianza civil de 80.000 euros impuesta a Sayago, que era secretaria adjunta de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta y principal imputado en el caso de los ERE.
Tal actuación "ajena a la norma" por parte de Sayago se vio refrendada por la ayuda de 60.000 euros que consiguió para la empresa de su marido, Coflosur, "a través de las influencias ejercidas directamente por ella ante su jefe".
De esa misma manera, añade el auto, la secretaria María Ángeles Gala conseguiría una ayuda sociolaboral para su amigo José Luis Llorente.
En el caso de Sayago, según la juez, la imputada participó en la tramitación y seguimiento de los expedientes de ayudas de la dirección general y colaboró en la confección de resoluciones y protocolos de colaboración.
Aunque el abogado de Sayago recurrió de forma subsidiaria en apelación ante la Audiencia de Sevilla, el auto recuerda que "son ya varios los autos confirmados por la Audiencia provincial que deciden sobre las fianzas que deben prestar diversos imputados".
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