Comienza el juicio contra el fabricante del bio-bac

Madrid, 19 may (EFE).- El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid celebra hoy el juicio contra el fabricante del bio-bac, un medicamento que se vendió sin autorización administrativa y que, según la Fiscalía, causó "un evidente peligro" a las cerca de dos mil personas que lo consumieron.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal pide cinco años y seis meses de prisión y una multa de 40.500 euros para Antonio Rafael Chacón por elaborar y vender al público el producto sin autorización administrativa, eludiendo los controles sanitarios y generando peligro para las personas que lo consumieron.

Chacón se sentará en el banquillo de los acusados por delitos contra la salud pública y los consumidores junto a otras cuatro personas: el médico Fermín Moriano, el farmacéutico Miguel Echenique, el biólogo Enrique Martínez y la secretaria Consuelo Serdio, que se enfrentarán a penas que oscilan entre los cuatro años y medio y los dos años y medio de cárcel.

La defensa de Rafael Chacón solicita la libre absolución de su cliente por considerar que no ha incurrido en una infracción penal al elaborar y vender el producto denominado bio-bac, que, a su entender, es "inocuo" y "beneficioso" para la salud.

Según el escrito de acusación del ministerio fiscal, la distribución y venta del producto se realizaba a través de una página web (www.bio-bac.com).

En este sitio web se ofrecía como si fuera un medicamento para el tratamiento de enfermedades del sistema inmunológico (sida, hepatitis y enfermedades virales), para el cáncer y afecciones degenerativas (artrosis, artritis y esclerosis), indicando que no era tóxico, que era natural, sin efectos secundarios y seguro, "al no contener ningún elemento que pueda dañar la salud".

Para la Fiscalía, el producto era un compuesto de proteínas y aminoácidos, que incumplía gran parte de las normas de producción, control y caracterización de un medicamento.

El acusado trabajó en la elaboración del producto desde 1994 y lo vendió al público como medicamento desde 1997, eludiendo los controles sanitarios, y generando, según el ministerio público, un evidente peligro para las 2.030 personas que lo consumieron en toda España, aquejadas de graves enfermedades como cáncer, sida, hepatitis y enfermedades degenerativas".