La Fiscalía Anticorrupción imputa delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y fraude a la administración a los trece encausados del conocido como caso Peaje, que desde principios de 2009 investiga el presunto perjuicio de 42 millones de euros del Consejo de Mallorca durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estas obras.
PALMA DE MALLORCA, 28 (EUROPA PRESS)
Durante una vistilla celebrada este lunes en el Juzgado de Instrucción número 5, el fiscal Miguel Ángel Subirán ha expuesto los motivos por los que atribuye estos delitos a los inculpados, alegaciones a las que se han opuesto las defensas, algunas de las cuales han solicitado la nulidad del auto por el que la jueza Ana San José acordó transformar estas pesquisas de cara a su enjuiciamiento por un jurado popular -por ser los anteriores delitos competencia de este tribunal-.
Según los abogados, la causa debería ser juzgada por un tribunal profesional, al aseverar que en el relato de hechos que la magistrada realiza en su auto, se apunta a la posibilidad de que algunos de los imputados hubieran incurrido en un delito de prevaricación, si bien sin imputarles formalmente el mismo. La imputación de este delito conllevaría que fuesen juzgados por magistrados y no por un jurado popular.
