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Los asesores fiscales abogan por dar más seguridad jurídica

  • Piden aclarar conceptos como el de 'rentas irregulares' en las normas
Eduardo Luque, presidente de Aedaf. Imagen de Víctor Rabanillo

Los asesores fiscales echan de menos en las propuestas de la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal, medidas para mejorar la seguridad jurídica y la simplificación de las medidas, según se puso de manifiesto ayer en el 'VII encuentro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)', presidida por Eduardo Luque, celebrado en Madrid.

Así, para el ex director general de tributos y coordinador de la sección de IVA de Aedaf, José Manuel de Bunes, "el Informe se queda cojo, porque tenemos que regular las obligaciones formales, las sanciones, las devoluciones, y muchos aspectos que hoy en día tienen un coste muy alto para las empresas y genera muchos problemas tanto para las empresas como para Hacienda".

Javier Gómez Taboada, coordinador de la Sección del Impuesto sobre Sociedades de Aedaf, que llegó a afirmar en el transcurso de su intervención, que "No hay sistema fiscal, porque existe una inseguridad jurídica galopante. En España no hay inseguridad en la calle, como ocurre en otros países, pero sí una amplia inseguridad jurídica, que le cuesta mucho dinero".

Imputación de rentas

José Ramón Domínguez Rodicio, coordinador de la Sección de IRPF de Aedaf, se mostró rotundamente en contra de la imputación de rentas inmobiliarias, al considerar que no hay capacidad económica en las viviendas. Además, auguró que esta reforma "no será duradera, porque una reforma no consensuada será una reforma interesante, pero en ningún caso duradera.

Como el resto de los intervinientes, destacó que es necesario incluir definiciones en las normativas tributarias para aclarar conceptos, tal y como ocurre con las rentas irregulares o con la tributación de los administradores sociales.

También, demandó que se revisen conceptos que han cambiado radicalmente en los últimos años en nuestra sociedad, como en el caso del concepto de familia, que sigue ignorando a las parejas de hecho o las situaciones de quienes tienen que atender necesidades de familiares sin que exista convivencia.

Mientras, Rafael Ortiz, miembro de la Comisión de Expertos, explicó que trabajaron con unos límites impuestos por el Consejo de Ministros, como la búsqueda de la suficiencia recaudatoria, simplificación del sistema, orientarlo al crecimiento económico, atendiendo las situaciones de bajo nivel de rentas y situaciones de dependencia. Y, finalmente, respetando los principios de la unidad de mercado.

Evitar la litigiosidad

En la jornada de estudio de Aedaf intervino también Jesús Gascón, ex director general de Tributos e inspector de Hacienda en ejercicio, también mostró su perplejidad ante la falta de medidas de seguridad jurídica que eviten la litigiosidad y que se incluyan las resoluciones generales interpretativas (Rulings).

Gascón consideró que se ha apostado por un sistema de tributación de la vivienda habitual muy anglosajón , pero que "nuestro punto de partida es muy distinto.

Y apostó por la necesidad de financiar las comunidades autónomas con impuestos y no con transferencias y reforzar el principio de corresponsabilidad fiscal.

El exsecretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna se refirió a la preocupación que existe entre los asesores fiscales por la excesiva duración de los procedimientos, puesto que frente a los dos a tres años, sin llegar al Supremo, de la vía Civil, se tardan 10 en la Contencioso-Administrativa.

Ignacio Arráez, miembro de la Sección de Derechos y Garantías de Aedaf, explicó que el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos ha definido cinco puntos para reconocerla dilación indebida: la complejidad del asunto; el comportamiento del recurrente , que no debe ser obstruccionista; conducta del órgano judicial nacional; lo que el litigante arriesga; y, finalmente, la duración comparada de los litigios.

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Comentarios 2

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CCOO TERRORITAS
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CCOO - LA CAIXA: TERRORISTAS

DIMISIÓN DE JOAN SIERRA, FRANCISCO CARBONELL Y TODA SU CÚPULA CORRUPTA.

Puntuación 4
#1
mitridiates
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Actualmente hay muchísima inseguridad jurídica, sobretodo provocada porque las normas tributarias y fiscales no son claras ni concretas.

Hay muchos conceptos y definiciones abiertas a la interpretación, ello permite a la administración ir modificando/adaptando sus criterios hacia sus propios intereses, en este caso siempre tendientes hacia una mayor recaudación sean justos o no.

Ni los expertos fiscales son capaces en muchos casos de analizar con claridad las definiciones y criterios establecidos por la multitudinaria jurisprudencia creada.

En definitiva ello crea toda una situación de inseguridad y de vulnerabilidad ante los órganos fiscalizadores.

El problema es que parece ser que al propio estado le conviene este grado de confusión normativa ya que le permite hacer y deshacer a su conveniencia.

Y lo peor de todo es cuando te encuentras que por norma interna de funcionamiento de los Inspectores no atienden por sistema a las alegaciones:

"Si puede ser que la empresa tenga la razón!!, pero si es así, que se la dé un juez ya que de esta menara recaudaremos a todos aquellos que no tengan la capacidad o ganas de someterse a un costoso litigio que puede alargarse años."

Esta postura puede ser moralmente reprobable pero permitida en un ente privado (empresa) pero que la adopte la administración pública es una vergüenza.

Puntuación 8
#2