La juez de los ERE impone 3,3 millones de fianza a Rivas y de 40 millones a altos cargos

Sevilla, 2 abr (Efe).- La juez de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 3.323.672 euros a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, y de un total de 40 millones a tres ex secretarios técnicos de la Consejería de Empleo.

La juez, en sendas resoluciones a las que ha tenido acceso Efe, impone a Rivas esa fianza por su "conocimiento y participación activa" en los expedientes de Mercasevilla, Aglomerados Morell, Surcolor, Calderinox e Intesur, en los que, entre otros, fueron incluidos como "intrusos" tres conocidos y dos cuñados suyos.

Rivas, delegado de Empleo entre el 2000 y el 2010, autorizó un "considerable número de expedientes de regulación de empleo" con subvenciones otorgadas "con total ausencia de procedimiento" y en los que él mismo influyó para incluir a personas que nunca habían trabajado en las empresas, según el auto.

Entre otras irregularidades, recoge que en el ERE de Mercasevilla del 2003 autorizó cinco trabajadores que no habían cumplido la edad reglamentaria de 50 años, y en el del 2007 se incluyeron cuatro personas que no eran de Mercasevilla sino de su fundación.

En este último se incluyó además como "intruso" a Antonio Garrido Santoyo, que había sido presidente del Comité de Empresa de Coosur y secretario de Administración de la UGT-Sevilla.

En el ERE de Intesur se incluyó a José Acevedo, familiar de Rivas; a José Antonio García Prieto, que había sido concejal cuando Rivas fue alcalde de Camas (Sevilla) y a su conocido Ricardo Medina Barrios.

En el ERE de Surcolor, añade el auto, fueron incluidos Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE en Camas, y José Antonio Márquez, cuñado de Rivas.

Dice el auto que la Junta de Andalucía, "además de regalar fondos públicos a las personas próximas a Rivas" asumió "arbitrariamente" obligaciones que eran de las empresas, por lo que fija una fianza de 3.323.672 euros teniendo en cuenta lo abonado para los "intrusos" y las pólizas irregulares.

En otro auto, la juez fija fianzas civiles para tres sucesivos secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo: 5.091.466 para Javier Aguado Hinojal, 33.954.784 euros para Juan Francisco Sánchez García y 1.037.712 para Lourdes Medina Varo.

La juez les imputa el mantenimiento de las transferencias de financiación para pagar las ayudas, un método que perduró una década y que "desde el comienzo no contó con fiscalización previa ni bases reguladoras, fue absolutamente discrecional" y "repartió millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical".

"Esa financiación sin control, rápida y eficaz, presuntamente pasaría a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la política económica de la Junta de Andalucía" y después de sus primeros dos años de andadura se introdujo en el propio Presupuesto, añade el auto.

La juez imputa a los altos cargos haber favorecido un uso "completamente arbitrario de los fondos públicos" e incumplir los "más elementales principios de actuación de la Administración como imparcialidad, transparencia y no discriminación", con la agravante de que Medina contaba con formación jurídica.

Las fianzas civiles se fijan de acuerdo con las modificaciones presupuestarias acordadas bajo el mandato de cada uno de los imputados y en el caso de Sánchez García queda fijado en 33.954.784 pues coincidió con "el periodo de auge de concesión de esas ayudas".