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Justicia rechaza conocer presunto caso de tráfico de influencias en el Supremo porque no elige a letrados de este órgano

UPyD preguntó en el Congreso sobre la designación de la hija y el yerno del magistrado Fernández Montalvo

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Justicia ha rechazado tener responsabilidad en el nombramiento de letrados de refuerzo en el Tribunal Supremo en respuesta a una pregunta que fue planteada en el Congreso por UPyD en relación con un posible caso de tráfico de influencias en el alto tribunal. Se le preguntaba en concreto sobre la designación para este puesto del la hija y el yerno del magistrado de lo Contencioso-Administrativo Rafael Fernández Montalvo.

En su pregunta para contestación por escrito, realizada a finales del pasado mes de noviembre, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, se interesaba por la razón por la que tanto la hija como el yerno del magistrado habían permanecido en sus cargos después de que varios de sus compañeros, algunos con mayor experiencia, fueran despedidos tras concluir el programa de refuerzo acordado entre el alto tribunal y Justicia.

La pregunta incluía información publicada en medios de comunicación en la que se afirmaba que los evaluadores y el coordinador general del proceso de selección habían negado sufrir indicación alguna en el proceso en relación con los vínculos familiares este matrimonio con el magistrado Fernández Montalvo.

Para Díez "resulta inverosímil que el parentesco fuera desconocido para el coordinador que propuso a estos letrados, máxime cuando la hija decidió resaltar el apellido paterno al unirlo en su primer apellido como Fernández-Montalvo".

En la Sala Tercera del Tribunal Supremo hay 15 letrados de plantilla, 5 magistrados coordinadores y 32 magistrados de Sala, de los cuales solo seis, incluyendo Fernández Montalvo, son presidentes de Sección, según detalla la pregunta parlamentaria.

La diputada añadía en su escrito que el proceso selectivo que condujo a la adjudicación de la plaza en propiedad de la hija Fernández- Montalvo, había casi un centenar de candidatos "con brillantes currícula, profesores de Universidad, doctores en derecho, personas con numerosas publicaciones y de reconocido prestigio", y que en caso de que el magistrado hubiera influido en su designación En "podríamos estar ante un delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 428 del Código Penal".

SELECCIÓN NO IMPUGNADA

En su respuesta a UPyD, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio de Justicia señala que no ha tendido constancia, ni en su nombramiento ni ahora, que la designación de dichos letrados haya sido impugnada en el procedimiento de selección.

En el caso de la mujer, ésta obtuvo plaza temporal en base a los acuerdos de refuerzo firmados con el Ministerio, si bien luego obtuvo plaza definitiva; mientras que respecto de su marido el Departamento de Alberto Ruiz-Gallardón dice que es totalmente ajeno porque corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

"A este Ministerio corresponde únicamente dotar económicamente las plazas que hayan sido fijadas en el Plan de refuerzo", concluye el Gobierno en su respuesta.

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