La juez considera probada su implicación en la emisión de facturas falsas
VIGO, 20 (EUROPA PRESS)
La exconcejal de Educación y Personal del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra), Ana Rosa Costas Abalde, ha sido condenada a 18 meses de prisión, así como al pago de 427.000 euros de multa, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y de dos delitos contra la Hacienda Pública.
En la sentencia emitida por la sala de lo Penal número 2 de Vigo, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera probado que Costas Abalde, administradora única de la empresa 'Maderas y Transportes Rafael Costas S.L.', acordó con un proveedor la emisión de facturas por entregas de maderas y servicios "que nunca fueron reales", con el objetivo de "disminuir la cantidad que le correspondería satisfacer en concepto de impuestos, mediante un aumento ficticio de gastos deducibles y del IVA soportado".
Según la jueza, el perjuicio para la Hacienda pública por esas operaciones (realizadas en 2005) fue de 292.258 euros. Asimismo, la empresa de la exedil dejó de ingresar en concepto de IVA más de 126.000 euros.
La resolución judicial desestima la alegación de prescripción del delito, presentada por la defensa, y señala que, a la vista de la prueba practicada, se ha probado que 'Maderas Hervi', que en 2005 fue uno de los principales proveedores de la empresa de Ana Rosa Costas, no tenía en realidad ninguna actividad, ni personal, ni estructura física o financiera. Pese a ello, facturó en 2005 casi un millón de euros a 'Maderas y Transportes Rafael Costas', "sin que exista tampoco rastro de ese dinero".
Por estos hechos, la jueza ha condenado a Costas Abalde a 18 meses de prisión, multas que suman 427.000 euros, y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas, beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante tres años y medio. Asimismo, la condena a indemnizar a Hacienda con 418.664 euros, el importe de las cuotas tributarias defraudadas.
JUICIO
Durante la vista celebrada el pasado 16 de enero, la exconcejal negó los cargos que se le imputaban y manifestó su sospecha de que fue acusada por ese proveedor de usar facturas falsas "para librarse él".
La denuncia se produjo a raíz de la investigación de la propia Agencia Tributaria, que detectó al realizar una inspección a la empresa Maderas Hervi, que había emitido facturas por un millón de euros. "No es viable que circule un millón de euros sin dejar ningún rastro", señaló uno de los inspectores de Hacienda que, asimismo, constató que este proveedor "actuaba como un testaferro".
