Prisión para el profesor detenido por abusos tras cesar los directivos del centro Valdeluz en Madrid

Madrid, 14 feb (EFE).- El profesor detenido el pasado martes por una decena de abusos a alumnas del colegio Valdeluz de Madrid ha ingresado en prisión hoy, en una jornada en la que el director y el jefe de estudios del centro han puesto su cargo a disposición de la institución, que ha aceptado su renuncia.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Madrid ha ordenado hoy el ingreso en prisión provisional con cargos para Andrés D., al que el juez ha tomado declaración tres horas y media y atribuye siete delitos de abusos sexuales, eliminando las acusaciones por violación y exhibicionismo de las que también le acusaba la policía.

El profesor fue detenido el martes pasado por la Policía como presunto autor de ocho delitos de abusos sexuales cometidos desde 2006 contra alumnas del colegio Valdeluz y de la academia Melodía Siglo XXI, si bien a día de hoy le relaciona con cuatro casos más.

Durante su declaración judicial, el profesor ha negado los hechos y ha defendido su inocencia, según ha explicado su abogado, Ramón Muñoz Cid, quien ha anunciado que recurrirá el auto de prisión.

También ha acudido a los juzgados el abogado del director y del jefe de estudios del colegio Valdeluz, detenidos y puestos en libertad ayer por la Policía por considerar que pudieron conocer los abusos y no denunciarlos. Ambos quedaron libres con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos.

Este abogado, Jesús Mandri, ha explicado que sus clientes están "desinflados" y ha sostenido que la imputación por encubrimiento es "muy discutible", por la "posible prescripción de los hechos con respecto a ellos", al haber pasado varios años.

Precisamente los dos directivos han puesto hoy sus cargos a disposición del centro y el Consejo Provincial de los Agustinos ha aceptado su renuncia, según ha informado la Provincia Agustiniana Matritense, de la que depende el colegio.

Esta institución religiosa ha lamentado lo ocurrido y ha añadido que "se está procediendo a investigar internamente el alcance de los hechos con el objeto de establecer las medidas oportunas con la mayor transparencia".

Los ceses de los dos directivos del centro se han producido poco después de que la consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, exigiera al colegio que apartara "inmediatamente" de sus cargos al director y al jefe de estudios, que "pudieron tener conocimiento de los abusos sin actuar" con prontitud.

La policía ha continuado hoy recabando el testimonio de posibles víctimas del profesor detenido, que en su opinión ha cometido un delito continuado de abusos desde 2006 hasta el momento de su arresto, y quien no se confesó culpable ni inocente en su declaración policial, en la que se mostró frío y distante, según han explicado a Efe fuentes de la investigación.

Estas fuentes han precisado que una familia afectada ha explicado que en 2007 supo que su hija podía ser víctima de abusos y acudió al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI) de la Comunidad de Madrid para recibir orientación, pero tras recibir asesoramiento finalmente no interpuso denuncia alguna.

Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales, de la que depende el CIASI, han explicado a Efe que la función de este centro es prestar apoyo a menores que son víctimas de abusos y también asesorar y orientar a las familias jurídicamente, y "siempre se aconseja a los familiares que denuncien".

No se trata de un organismo que pueda interponer denuncias de oficio, salvo que los agresores sean los padres o que el menor esté bajo la tutela de la Comunidad, ya que "no se pueden usurpar las funciones de los padres" en este tipo de delitos, han asegurado las mismas fuentes, que se han referido a este funcionamiento de manera genérica y no han confirmado si una de las víctimas del profesor acudió a ese servicio o no.

Sobre este asunto, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha confirmado a Efe que los delitos contra la libertad sexual afectan a bienes personalísimos y solo son perseguibles a instancia de parte: por la persona afectada o por sus padres o representantes legales si se trata de menores o personas con determinadas incapacidades.

De manera genérica, Moix ha explicado que así se establece en el artículo 191 del Código Penal, y ha puesto como ejemplo que en algunas ocasiones los padres o tutores pueden decidir no interponer denuncia por diferentes motivos, como que el menor no esté muy afectado y el hecho de declarar ante la Policía y el juzgado sea más nocivo para la víctima.