Economía/Legal.- El juez admite a trámite la querella contra presidente del Grupo Jale por presunta estafa

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao ha admitido a trámite la querella interpuesta por los antiguos propietarios del complejo medico-hotelero Incosol, la familia García-Egocheaga, contra el presidente del Grupo Jale, José Antonio López Esteras, su hijo, José Antonio López-Esteras Camacho y su yerno, Alfred Fishbach, por presunta estafa en la compra-venta del complejo marbellí, según anunciaron hoy los querellantes en un comunicado.

La familia García-Egonecheaga acusa a los tres querellados de incumplir las obligaciones y compromisos contraídos en el contrato de adquisición del Grupo Incosol en 2007 mediante la venta del Hotel Monasterio San Miguel a BBVA Renting por 24 millones de euros, cuando el establecimiento comprometía el acuerdo.

Según explican, la adquisición del Grupo Incosol preveía el cumplimiento de ciertos compromisos y obligaciones que asumía el Grupo Jale, que fueron garantizados con la constitución de una prenda sobre el 100% de las acciones de Hotel Monasterio San Miguel.

Asimismo, quedó garantizado personalmente por López-Esteras que cualquier operación sobre el edificio obligaba a sustituir previamente la garantía por otra, previa aprobación del antiguo grupo propietario de Incosol.

Los antiguos propietarios de Incosol acusan a López-Esteras de extinguir la Sociedad Hotel Monasterio San Miguel mediante la absorción del inmueble por parte de la Inmobiliaria Amuerga y su cesión posterior por vía ampliación de capital a Hoteles Jale, sociedad gestionada por su hijo y por su yerno y creada unos meses antes con 3.000 euros de capital social. Hoteles Jale, a su vez, vendió el hotel a BBVA Renting por 24 millones de euros.

Según mantienen los querellantes, "todas estas acciones se han llevado a cabo sin contar con la autorización del antiguo grupo propietario de Incosol y, por tanto de manera ilegal. Acusan a los responsables del grupo Jale de ignorar "la prenda, la obligación de sustituirla y el derecho de veto otorgado al acreedor pignoraticio". Además, consideran, no se aplicó prioritariamente el producto de la venta a la atención de los compromisos asumidos.

Por su parte, la Inmobiliaria Amuerga está actualmente en procedimiento concursal, que según mantienen los querellantes "está viciado desde su origen, pues la concursada es resultado de una fusión irregular e ilegal".

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